Las inversiones estratégicas siguen en lista de espera

Está probado y sigue probándose que a veces, demasiadas veces, hasta las mejores intenciones se quedan en el camino o se quedan en los papeles. Algo de eso pasa con un principio potente incluido, hacia septiembre de 2017, en el Presupuesto de este año: “La inversión pública es una de las políticas prioritarias del Estado Nacional. Su rol estratégico la constituye como una de las claves del desarrollo”, sostiene.

Según los planes oficiales, la inversión total aumentaría un 35% real respecto del promedio de los años 2004-2015, avanzaría al 3,5% del PBI y permitirían ir superando atrasos estructurales acumulados durante años, tanto vinculados a necesidades sociales como económicas.

Bastante rápido, la realidad mostró de todo pero poco o nada parecido a esos objetivos. El programa de infraestructura del sector público nacional fue perforado por el ajuste fiscal que se pactó con el Fondo Monetario; los cuadernos de la corrupción sacudieron a las grandes inversiones privadas en autopistas y rutas y, finalmente, los desórdenes de la economía que no dejaron ni dejan lugar sin golpear.

Puesto en cifras de un informe de la consultora ACM, el resultado cantaría que el gasto puramente estatal en obras esenciales se reducirá al 1,35% del PBI, contra el 1,9% previsto inicialmente, y que “será el más bajo desde 2006”. Visto así, habría un retroceso de catorce años; además, sin resolver problemas que ya existían.

Las cuentas oficiales de los siete primeros meses, las últimas disponibles, explican por dónde pasa la guadaña del Gobierno: anotan caídas nominales del 48,8% en viviendas; del 23% en transporte y del 20,3% en agua potable y alcantarillado. Para el total señalan 19,8% con signo negativo.

Agregar que durante ese período la inflación fue del 31% es igual a agregar que, de un año al otro, las caídas van desde 50 hasta cerca de 80 puntos porcentuales. Descontada la inflación, el cálculo completo de ACM arroja un bajón del 50% real, lo cual permitiría afirmar que se está construyendo la mitad de lo que se construyó en 2017.

Apurado por el impacto del escándalo de los cuadernos que le pega parejo al financiamiento de las empresas constructoras, el Gobierno intenta salvar, aunque más no sea parcialmente, al paquete de obras licitado bajo el sistema de Participación Público-Privada o PPP. Es una inversión de US$ 6.000 millones en cinco años, para tender o ampliar autopistas y rutas que conectarán centros urbanos y regiones productivas.

El Banco Nación aportará de arranque entre 200 y 300 millones de dólares a un fideicomiso que debiera reunir US$ 1.200 millones en un año. La idea es que la presencia del BNA arrastre a la banca privada, aunque el punto central pasa por sumar créditos blandos del BID y del Banco Mundial.

Está claro que el mercado internacional permanecerá cerrado por un tiempo, y por un tiempo impreciso. También, que la movida oficial busca poner en marcha al menos parte de las obras en octubre-noviembre, pese a que las constructoras habrían preferido una prórroga de seis meses.

Lo que tampoco pinta para desaparecer pronto de la escena son los ruidos y las manifestaciones concretas del cuadro económico. Todo bien conocido y agotador: tasas de interés del 45%; una inflación lanzada hacia el 32% anual; el dólar de récord en récord y el riesgo país por las nubes.

Dice un empresario del sector: “Esto se llama costos altos, impredecibles y difíciles de encajar en planes de mediano plazo. Y si el caso de los cuadernos golpea a las compañías que están ahí y a las que no están ahí, las complicaciones financieras de afuera y de adentro corren de un lado al otro del espinel sin detenerse en detalles. Lo mejor sería aguardar hasta que aclare un poco el panorama”.

Los PPP han sido pensados como una carta fuerte para tiempos de dieta fiscal, una fórmula orientada a movilizar inversiones en infraestructura sin comprometer gasto público de inmediato. Junto a planes acordados con proveedores, iban a cubrir casi la mitad o más de la mitad de la inversión de 2018.

En cualquier caso, sea cual fuese el momento, los PPP no pueden sostenerse sin financiamiento privado, sobre todo del exterior, en cantidad y a tasas más o menos normales. Hablar de esto es empezar a hablar de las perspectivas del año próximo.

Para que se entienda mejor: algunos papeles oficiales contemplan otro fuerte ajuste en el gasto público destinado a proyectos centrales; concretamente, que baje un 50% respecto del de 2018. Esto a la mitad de la mitad, si el punto de referencia es 2017.

Vaca Muerta puede ser la nueva joya de la abuela, un gran yacimiento de dólares y en cierto sentido un riesgo si todo se ata a Vaca Muerta. Pero además de gas y petróleo, hace falta llenar un montón de casilleros, ninguno desconocido: rutas, caminos y autopistas, puertos, transporte eficiente, pasos fronterizos y varias piezas que levanten la productividad de la producción nacional y mejoren sus chances en el mercado internacional.

Mientras tanto, el dólar sigue mareando al equipo económico y el equipo económico sigue perdiendo la partida. Desde que arrancó esta ronda, a fines de abril, el baile ya va camino de cinco meses sin parar.■

Este año la inversión en infraestructura era una gran apuesta. Le pegaron el ajuste y los cuadernos y la estatal pura será la más baja desde 2006.