Combatir el hambre, prioridad política, social y económica

Datos recientes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) indican que, en Argentina, con una producción de alimentos suficiente para alimentar a 400 millones de personas (casi 10 veces la población argentina), el 3,6% de la población padece subalimentación, o para decirlo más sencillamente, tienen hambre. Este es un problema que se arrastra desde hace décadas y que parece no tener solución.

Estos datos nos muestran que, en Argentina, el problema “del hambre” no es la disponibilidad de alimentos, sino que es la limitación al acceso de las personas para adquirir alimentos suficientes para tener una alimentación saludable y nutritiva.

La razón inmediata por la que el hambre aún persiste, es la carencia de oportunidades a la que se enfrenta la población vulnerable, -entendida como un grupo de la sociedad vital y necesaria para el desarrollo de una sociedad más justa, inclusiva y equitativa-, para obtener ingresos genuinos, dignos y sostenibles y la ausencia de medidas de pro- tección social eficaces o de infraestructura, entre otros. Por eso, es importante remarcar que el hambre no desaparecerá como consecuencia del aumento de disponibilidad o producción de alimentos; siendo indispensable, entonces, crear las condiciones necesarias para que la población que padece el hambre pueda tener un acceso fácil a ellos. Parece simple, pero no lo es. La experiencia evidencia que el hambre no sólo suele ser el resultado de la pobreza, sino también su causa principal. La pobreza exime o aleja a las personas del acceso a los alimentos, ya sea por no contar con los medios para comprarlos ni tampoco para producirlos.

Hay dos medidas que se aconsejan desde la FAO orientadas a alcanzar la seguridad alimentaria. La primera es incrementar la productividad de alimentos, lo cual en la Argentina está garantizado, siendo éste un país exportador de alimentos. La segunda medida requiere de políticas selectivas o focalizadas, que tienen primordialmente como población objetivo a las personas y familias que viven o padecen el hambre. Este programa puede incluir componentes de ayuda alimentaria, transferencia de ingresos (condicionadas o no), redes de protección social, pero por sobre todo un seguimiento de la vulnerabilidad inmediata y del impacto de las intervenciones. El hambre se combate mientras se sufre, pero también después, para que no vuelva.

Es preciso un mapa del hambre “con nombre y apellido”, que incluso distinga edad y género para poder identificar ese 3,6% de la población que padece el hambre y comenzar a erradicarlo de una vez. Porque alcanzar el Hambre Cero en 2030 es posible, pero requiere convertir la voluntad política en acción, centrarse más en las estrategias nacionales.

Aquellos países que han hecho de la lucha contra el hambre una prioridad, han demostrado que, con un fuerte compromiso político, social y económico, es posible obtener progresos en el corto, mediano y largo plazo.

Las características comunes de estas políticas y estrategias incluyen mayores oportunidades para minorías sociales excluidas, inversión en infraestructura, medidas de protección social, el reconocimiento del Derecho a la alimentación, estabilidad política, instituciones fuertes y sobre todo, políticas que combatan la corrupción, ya que esta última también trae aparejado el hambre. ■