Los mil días de Macri
Desde el punto de vista teórico, la política se encuentra por encima de la economía. Sin la primera, no hay marco para el desarrollo de la segunda. Es la norma general que, como siempre, puede tener excepciones y el mundo hoy ofrece varias de ellas.
Pero también es cierto que la inestabilidad económica puede generarla en la política y viceversa. Entre ambas, se encuentra la cuestión social, que puede ser un campo de batalla entre ambas y por eso, a veces, puede terminar dirimiendo los conflictos.
Puesto en este contexto, Macri cumple esta semana 1.000 días de gobierno, atravesando el momento más difícil de su gestión, como él mismo lo ha reconocido.
Desde el surgimiento del peronismo en los años 40, no ha sido fácil para las fuerzas “no peronistas” gobernar la Argentina con éxito. Ni lo lograron Frondizi e Illia en la época en que los golpes militares interrumpían procesos políticos ni Alfonsín y De la Rúa cuando los fracasos económicos hicieron colapsar gobiernos.
La historia no se repite mecánicamente, ni es una regla matemática para prever el futuro. Pero sí es un marco de referencia para evitar errores, calcular riesgos y enfrentar problemas.
No mantener la estabilidad económica genera riesgos políticos. Hoy los sondeos de opinión aportan elementos empíricos para medirlos. Es así como, tras ganar las elecciones legislativas 10 meses atrás, dos tercios de la opinión pública aprobaba la gestión del presidente Macri y ahora lo hace menos de la mitad de ellos. La causa es evidente: en lo que va del año la devaluación ha superado el 100% y el crecimiento del primer trimestre ha derivado en una fuerte recesión en el tercero.
Quizás lo más complejo de entender en este momento es cómo, tras recibir US$ 15.000 millones derivados del acuerdo con el FMI el 22 de junio, el riesgo país haya aumentado 67% y el dólar 49% cuando debió haber sucedido todo lo contrario.
Esto lleva a revisar si lo político no ha jugado un rol. La misión del FMI dio una señal al respecto, cuando semanas atrás se reunió con la CGT. El mensaje fue claro: sin un acuerdo con los principales actores políticos y sociales, es difícil lograr la credibilidad que restaure la confianza económica perdida.
La necesidad de este acuerdo parece tener un horizonte preciso, en torno al presupuesto 2019, que será presentado al Congreso en las próximas semanas y tendrá un trámite de negociación y aprobación parlamentaria que puede llevar hasta diciembre.
Pero es un tiempo demasiado largo tanto para la incertidumbre económica como para la situación social. La primera requiere de acciones más rápidas y concretas, ya que cuatro meses sin que Argentina recupere el control de las variables económicas y encauce la crisis implica riesgos que el país no debe tomar.
Al mismo tiempo, el deterioro económico ha llegado plenamente a lo social. La combinación de devaluación, aumento de la inflación y recesión implica, inevitablemente, aumento de la pobreza (tal como reconoció el Presidente), disminución del empleo, caída del salario e incremento de la desigualdad y la informalidad.
Las señales se hacen ver. El sindicalismo,
Desde el surgimiento del peronismo, en los años 40, no les ha sido fácil a las fuerzas “no peronistas” gobernar con éxito la Argentina.
tanto el representado por la CGT como por las dos CTA, ha convocado a un paro general para el 25 de septiembre, que los sectores más opuestos al gobierno iniciarán medio día antes, con una movilización hacia la Casa de Gobierno. Será el cuarto paro general al gobierno de Macri, pero en condiciones políticas y económicas más difíciles que los anteriores.
Los sectores medios están mostrando un nivel de protesta creciente, como se vio en la marcha en defensa de la educación pública, el prolongado conflicto salarial de los docentes universitarios que cumple dos meses, el paro docente bonaerense que se repitió la semana pasada durante tres días, el paro de médicos de los 80 hospitales bonaerenses que tiene lugar esta semana y las protestas contra el aumento de tarifas que se están poniendo en marcha.
A ello se agregan los movimientos sociales. Plantean una serie de reclamos, que tienen como punto de partida la asamblea de todos ellos para definir la estrategia. Comienza por una marcha hacia el ANSES para exigir el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y las jubilaciones y pensiones mínimas. Otra hacia el Congreso para pedir la sanción de los proyectos de ley que han presentado (agricultura familiar, emergencia alimentaria, adicciones, etc.). Y seguirá con ollas populares y cortes de vías públicas, convergiendo con el paro convocado por el sindicalismo para el 25 de septiembre.
La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, intenta dar repuesta a esta situación, reasignando $ 1.000 millones para destinarlos a la asistencia social directa y el refuerzo de los comedores comunitarios. En las medidas anunciadas ayer por el Gobierno nacional se incluyó el incremento mediante un bono de la AUH este mes de septiembre y en diciembre, y el incremento de partidas con fines sociales.
Por lo tanto, lo económico como lo social muestran que la política debe moverse con rapidez para encauzar la inestabilidad económica y contener el conflicto social. Si algo ha dejado de enseñanza la historia reciente, es que no hacerlo implica para el país costos importantes que son necesarios de evitar. ■