Lula insiste y apelará a la Corte para que le permitan ser candidato presidencial
Lo dijo su compañero de fórmula, Fernando Haddad, quien lo visitó en la cárcel. Así, el PT juega su última carta.
El Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados en la coalición “Brasil Feliz de Nuevo” resolvieron respaldar la estrategia de defensa de la candidatura presidencial de Luiz Inacio Lula da Silva. El sábado por la madrugada, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó la postulación del ex mandatario, en una reunión de once horas. Ayer, luego de una cita en la Superintendencia de la Policía Federal donde Lula está detenido desde el 7 de abril, su compañero de fórmula Fernando Haddad anunció que se apelará a la Corte Suprema y a las Naciones Unidas.
“Nosotros expusimos ante el ex presidente todas las posibilidades jurídicas que tenemos a mano y a disposición de él. Lula tomó la decisión de realizar un nuevo pedido a la ONU para que se manifieste sobre la medida tomada el sábado por las autoridades electorales”. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitó el jueves de la semana pasada que el gobierno brasileño restituya los derechos políticos de Lula, tales como candidatearse a la presidencia y permanecer en esa calidad en los medios de difusión. Pero los jueces de la Corte Electoral “desconocieron” la autoridad de ese Comité internacional para imponerse por sobre la legislación brasileña. Y esa negativa se tradujo en la prohibición, lisa y llana, de Lula en la fórmula presidencial. Dio 10 días, además, para que el PT presente al reemplazante del ex jefe de Estado.
“También vamos a apelar al Supremo Tribunal Federal (la Corte) y demandaremos que se exprese antes de los 10 días para que Lula tenga derecho a presentar nuevamente el registro de su candidatura”, declaró Haddad. El político, que proviene de las claustros universitarios, no quiso comentar cuál será la posición de su partido en caso que las apelaciones tengan resultados negativos. “En cada etapa presentamos hechos nuevos. Por ejemplo, nunca nos imaginamos que Brasil iría a contrariar una determinación del Comité de De- rechos Humanos y un tratado que suscribimos”.
El ex mandatario fue detenido en abril por una orden del juez Sergio Moro, de Curitiba. Para expedirse sobre la prisión, el magistrado se basó en la sentencia de segunda instancia proferida por un tribunal de Porto Alegre, que ratificó la condena contra el líder petista. Las acusaciones contra el dirigente fueron “corrupción pasiva y lavado de dinero” que, supuestamente, se habría verificado con la adquisición de un departamento en la playa de Guarujá, que habría sido entregado a su familia como presunto pago de “beneficios” recibidos por la constructora OAS. Lo cierto es que nunca se pudo probar que Lula había adquirido la unidad en cuestión. No hubo documentos probatorios de la titularidad de ese departamento que continuó a nombre de la constructora. Hace poco fue rematado públicamente, pero el dinero de esa subasta fue a las arcas judiciales.
Para el PT y sus aliados, la corte electoral contrarió las recomendaciones del comité de derechos políticos. “Vamos a tomar las medidas necesarias para garantizar que el pueblo pueda elegir democráticamente su próximo presidente”. Al tiempo que el TSE eliminaba a Lula de la carrera, por alguna razón “extraña” dejó sin embargo en libertad a su partido para que lo exhiba en la propaganda gratuita de TV. Limitó en cambio la participación del político preso a 25% del total del tiempo de publicidad. ■