Egresados: las agencias de viaje apelan el embargo y el Gobierno sale a respaldarlas
La disputa es por las denominadas “cuotas cero”, que una ONG reclama que sean devueltas a los padres.
Una serie de embargos judiciales puede poner en riesgo a los viajes de egresados, sobre todo aquellos contratados con las agencias de viajes más chicas. Como informó Clarín, la medida fue ordenada por el Juzgado Comercial N° 8 sobre las cuentas corrientes en dólares y en pesos de distintas empresas dedicadas al turismo estudiantil. Las compañías apelaron este lunes los embargos y desde el ahora ex Ministerio de Turismo salieron a respaldar a las agencias.
Los embargos se dictaron a partir de una demanda de la Unión de Consumidores Unidos (UCU), que reclamó fondos de un fideicomiso que fueron devueltos a las agencias de viajes. El fondo fue constituido entre Nación Fideicomisos y las agencias de viaje en 2007. Su finalidad es cubrir situaciones de emergencia de alguna empresa turística, como ocurrió a principios de agosto con el caso de Snow Travel.
En 2017 el fideicomiso venció y el 60% del dinero (unos 200 millones de pesos) se devolvió a las agencias. El 40% restante se conservó para un nuevo fondo. Pero la UCU reclamó en la Justicia que ese dinero pertenecía a los padres que habían pagado la denominada "cuota cero".
La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) decidió ir a la Justicia para solicitar que levanten los embargos.
"Todavía no hay novedades, estamos esperando", dijo Adrián Manzotti, vicepresidente de la FAEVYT.
"Hay algunas agencias que ya dicen que no pueden seguir si no superan este embargo. No pasa por la agencia, sino por los prestadores. Los prestadores no te dan el servicio si no cobran. De ahí vienen los problemas", continuó el vicepresidente de la FAEVYT.
Ya hay por lo menos 50 empresas que fueron notificadas de un total de 180. Baxxter, Travel Rock y MaxDream son algunas de las firmas sobre las que recayó la medida judicial.
Gonzalo Casanova, subsecretario de Calidad y Formación Turística de la Nación, dijo este lunes a Clarín: "Entiendo que en el criterio del juez primará el sentido común. Puede llegar a ser una complicación si esta medida se sostiene en el tiempo".
Hay empresas grandes que se estima podrían solventar sus operaciones más allá de los embargos, pero las más chicas no estarían en condiciones de afrontar los pagos a los provee- dores de servicios.
El 15 de junio pasado, el juez Javier Cosentino, a cargo del Juzgado Comercial N° 8, hizo lugar a la medida cautelar de la ONG que pide la restitución -con intereses- del fideicomiso.
"Siempre estuvo claro, cuando se creó ese fondo, que tras su vencimiento el dinero iba a ser devuelto a las agencias de viajes, es decir a los fiduciarios. Es como si uno pagara el seguro del auto y reclamara que le devuelvan las cuotas que pagó por no haber chocado", agregó Casanova.
Consultado por Clarín, el titular de UCU, Adrián Bengolea, dijo: "Las empresas tienen formas de subsanar los embargos con seguros de caución, por ejemplo".
Son seguros que las empresas pueden contratar para poder cumplir con sus compromisos en este tipo de situaciones.
Bengolea consideró que "el dinero de las cuotas cero que se está embargando no tiene que ver con los ingresos normales de las empresas. Fue un dinero extraordinario que recibieron por un tema de cuestionable legalidad. Es un fondo que se acumuló durante 10 años, que los padres con su esfuerzo fueron generando. Pero no forma parte de un ingreso habitual y normal de las empresas", explicó Bengolea.
El titular de UCU dio el ejemplo opuesto al del seguro de un auto: "Es como en un contrato de alquiler. Te hacen pagar el depósito de garantía por los daños. Y si me deshago del contrato de alquiler, ese dinero, que debería volver al inquilino, va a parar al dueño de la casa. Bueno, eso pasó con la cuota 0", continuó Bengolea y agregó: "Nosotros estamos dispuestos a escuchar, pero tiene que haber algún tipo de solución. Que haya un compromiso de devolución del dinero a la gente". ■
Las empresas más chicas podrían no llegar a afrontar los pagos a sus proveedores.