Impacto imprevisto de las confesiones judiciales
Durante el último mes y medio, las confesiones de ex-funcionarios públicos, accionistas y empleados de empresas que participaron en licitaciones públicas fueron la noticia central en los medios de comunicación. El análisis inicial se enfocó en el impacto político que podrían tener esas confesiones.
La semana pasada, muchos medios comenzaron a explorar un segundo impacto: cómo las revelaciones están influyendo en la confianza de los inversores (y en la valuación de las empresas argentinas); y también cómo podrían poner en riesgo el avance de la obra pública. En suma, la forma indirecta en que el escándalo puede impactar en la economía.
Hay un tercer impacto al que todavía no se ha prestado atención. Además del pago de retornos, las prácticas ilícitas que involucran obras públicas suelen incluir cartelización, que no es otra cosa que el “reparto” de licitaciones entre potenciales oferentes. Las confesiones podrían incluir elementos que sugieran que además de violar otras leyes, las empresas que participaron en licitaciones públicas infringieron la ley de defensa de la competencia. Es lo que ocurrió en Brasil con el “Lava jato”.
La ley de defensa de la competencia vigente incluye un programa de clemencia, una suerte de “ley del arrepentido” para defensa de la competencia. Este programa ofrece al primer arrepentido un incentivo más que interesante: si aporta información relevante puede obtener la exención total de la sanción. Quienes lleguen más tarde tendrán menos suerte: podrán aspirar a una exención que puede ir del 20% al 50%.
Durante las próximas semanas, las empresas que hayan participado del reparto de licitaciones enfrentarán una presión enorme. Deberán decidir si vale la pena buscar una reducción semejante, sabiendo que si no se apuran y otra lo hace antes la absolución dejará de estar disponible. También saben que las confesiones de terceros de todos modos pueden terminar en una investigación. Los premios y castigos no son menores: las sanciones por infringir la ley incluyen multas que podrían ser equivalentes al 30% de la facturación local de todo el grupo económico al que pertenece la empresa infractora (multiplicadas por el número de años que duró la infracción), suspensiones de hasta ocho años en el registro de proveedores del estado y la nulidad de los acuerdos, que genera la duda de si las licitaciones podrían quedar sin efecto.
Las perspectivas de una sanción semejante podrían no sólo impactar en forma indirecta en la valuación de estas empresas o en su acceso al crédito; también podrían impactar en forma inmediata en sus balances y, en algunos casos, amenazar su subsistencia. Con todo, las empresas involucradas en estas prácticas podrían encontrar una salida menos trágica: según cómo se interpreten sus conductas, podrían beneficiarse con la prohibición constitucional de aplicar las leyes en forma retroactiva.
La ley actual de defensa de la competencia entró en vigencia en mayo, y las sanciones establecidas en ella no podrían aplicarse a hechos anteriores. La ley anterior establecía multas con un tope de 150 millones de pesos, y no incluía la inhabilitación para actuar como proveedor del estado. De esta manera, la exposición sería considerablemente menor. Las confesiones judiciales que tuvieron lugar en las últimas semanas no incluyeron pedidos de clemencia por infracciones a la ley de defensa de la competencia. Esto podría cambiar en los próximos días. La carrera ya comenzó. ■