La Corte Suprema ordenó armar un mapa de la trata de personas en el país
Le encargó a un juez federal investigar quiénes son y dónde se encuentran las personas explotadas.
"La trata de personas es uno de los delitos más graves que existen porque lo que se pierde es la libertad del ser humano. Convierte a las personas en objetos, y nadie puede ser considerado un objeto". Quien habla es el juez federal Gustavo Hornos, a quien la Corte Suprema de Justicia acaba de poner al frente de una investigación que se propone trazar una suerte de mapa de la trata en el país.
La Oficina de la Mujer, a cargo de Elena Highton de Nolasco, vicepresidenta de la Corte, planteó armar el “Registro de datos estadísticos de causas judiciales sobre trata de personas”. Hornos - juez de la Cámara Federal de Casación Penal-, ya pidió a las distintas cámaras de todo el país datos de causas judiciales iniciadas durante 2015. Lo que pide no es sólo el estado procesal de cada expediente. "Queremos saber quiénes son las personas explotadas, de dónde vienen, hacia dónde fueron llevadas, por qué rutas pasaron, en qué centros fueron explotadas, quiénes fueron sus captores, a quiénes respondían. Queremos saber todo con detalle", explica Hornos a Clarín.
La idea es tener los datos de las personas -niñas, niños, mujeres, hombres- que han sido rescatados de situaciones de explotación sexual y laboral. Se relevará edad, género, nacionalidad, procedencia, nivel de escolaridad, tiempo de explotación, "reincidencia". Todo menos la identidad, que quedará en el anonimato.
"Las víctimas tienen un gran nivel de vulneración porque están alejadas de su lugar de residencia, es decir, por el desarraigo, o por ser niños, por su género, por problemas de salud, por pobreza. Es decir, todas están condicionadas por su vulnerabilidad, y por eso decimos que no existe el consentimiento en la trata de personas, sino gente que se aprovecha de sus necesidades", asegura Hornos.
Explica que "el gran desafío" es llegar "hasta bien arriba" en las responsabilidades: "La explotación sexual y laboral siempre tie- ne el mismo y único fin, que es el económico. En la trata laboral, por ejemplo, las responsables son a veces grandes empresas, de gran nombre y prestigio, y nunca terminan de quedar involucradas. Muchos de los lugares donde son rescatadas estas víctimas, que viven hacinadas, están habilitados. Eso habla de protección estatal, policial, judicial, política".
Esperan que las cámaras de todo el país envíen sus datos en un mes, así pueden ser sistematizados antes de fin de año. "Conocer la realidad va a ayudar a mejorar los recursos huma- nos y técnicos, saber cuáles son las entradas de otros países, las rutas internas, puede evitar el traslado de las víctimas, o las áreas donde se ubican los centros de explotación. Y ya se pidió que desde ahora todos estos datos queden cargados", explica el juez.
Hornos también hace hincapié en que el Estado no debe desentenderse de las personas rescatadas: "El Estado es garante respecto de las víctimas", asegura. Y llama a trabajar para “lograr el rechazo social a este delito, que convierte a las víctimas en esclavos de nuestro tiempo".
La ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas se sancionó hace diez años y fue modificada en 2012 (un cambio fue justamente no tomar el consentimiento de las víctimas como válido). En este tiempo, y a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas de Trata se asistió a casi 12 mil personas: el 54% víctimas de explotación laboral; y el 46%, de explotación sexual. Una de cada diez víctimas es un niño, niña o adolescente.
El último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos elevó a la Argentina al nivel 1 por considerar que cumple con los estándares mínimos para combatir este delito. Pero marcó varias recomendaciones: "Reforzar los esfuerzos para investigar, procesar, condenar y castigar a los traficantes con sentencias disuasorias, incluidos los funcionarios cómplices; proporcionar financiación adecuada para refugios especializados; aumentar la disponibilidad de asistencia a mediano y largo plazo para las víctimas que ayudan a las fuerzas del orden, incluyendo servicios legales, médicos y de empleo".
EE.UU. también aconsejó "implementar el plan contra la trata con un presupuesto adecuado; fortalecer la coordinación entre el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y las organizaciones no gubernamentales, aumentar las campañas dirigidas a poblaciones vulnerables, mejorar los procedimientos de restitución de víctimas; mejorar los esfuerzos para recopilar datos sobre protección de las víctimas y asistencia; aumentar los esfuerzos para reducir la demanda de trabajo forzoso". ■