Gestión de la pobreza: lo que falta cambiar
En un tiempo de tantas revelaciones respecto de lo que bien podría denominarse el “clientelismo de los ricos”, convendría volver a atender a aquel que somete al otro extremo de la pirámide social. Entre otras cosas, porque el régimen administrativo de la pobreza heredado del kirchnerismo preserva curiosamente su vigencia con los costos y riesgos concomitantes para la estabilidad institucional.
Hacia 2009, cuando su “modelo” económico ya lucía exhausto, el kirchnerismo configuró una suerte de fase superior de las experiencias asistenciales ensayadas desde los ‘80 y los ‘90. Una de sus vertientes centrales fue un pseudo cooperativismo bajo la forma de diversos programas. El más representativo fue “Argentina Trabaja” destinado a la realización de obras públicas de fuerte incidencia social.
La primera distorsión fue la organizativa. Muy pocas entidades surgieron por iniciativa de los beneficiarios. Predominaron, en cambio, aquellas diseñadas desde las intendencias de los grandes conurbanos en favor de las distintas facciones políticas de los micro partidos únicos de gobierno que en los hechos encarnan. A estas se les sumaron las organizaciones piqueteras oficialistas impuestas desde el gobierno nacional.
Esta desviación preludió otra más grave: el uso de su fuerza laboral para realizar actividades complementarias de las municipales que poco tenían que ver con aquellas para las que fueron destinadas. Hubo cooperativas integradas por socios que se ignoraban – y se ignoran- como tales reportándose respecto de dependencias que los utilizan para el mantenimiento de plazas, la limpieza de calles y establecimientos públicos, y diversas tareas administrativas.
La mayoría fueron puestas a disposición de reconocidos referentes territoriales expertos en movilizar clientelas. Como con- trapartida de su “lealtad”, recibieron cargos públicos y beneficios extraordinarios para sus redes vecinales y de parentesco. El Estado concluyó, así, la deglución definitiva de la mayoría de los dirigentes de base, surgidos durante las décadas anteriores como representantes de la nueva pobreza postindustrial neutralizando su militancia social y legitimidad comunitaria.
Hubo, sin embargo, un sector de referentes jóvenes que denunciaron tanto el desvío ideológico como la malversación monumental de fondos. Su disciplinamiento autoritario mediante el vaciamiento o reducción de sus entidades y la amenaza cínica de demandas judiciales acusándolos de la defraudación ejecutada por sus superiores no los amedrentó. Constituyen un estamento cuyo desempeño aguarda estudios equivalentes a los de la generación anterior.
La inmensa mayoría de los “cooperativistas” beneficiarios debió conformarse, de todos modos, con esta “ayuda” adicional a otros programas o a las changas particulares sin demasiadas exigencias salvo asistir a marchas y movilizaciones del oficialismo ante el riesgo de perder “el plan”. En suma, el “cooperativismo” kirchnerista no fue sino otro gigantesco aparato de “retornos” de fondos públicos destinados a la extensión de cloacas, aguas corrientes o de veredas en calles no asfaltadas; un saldo de obras inconclusas, mal hechas o no ejecutadas. Y, lo más grave, la desmoralización fatalista de los excluidos.
Algunos optaron por el conformismo y la “gratitud” por una “inclusión” rica en contenidos simbólicos de fuerte carga emocional adosada a un entrenamiento ritual de movilizaciones amenazantemente disruptivas. Constituyen el núcleo duro de los votantes kirchneristas del conurbano profundo en donde el pobrismo disgregado ha calado más hondo. Otros, cayeron en el escepticismo respecto de toda acción política identificada como “robo”. Resulta curioso que, a tres años del cambio político, el sistema permanezca incólume. Los gobiernos nacional y provincial preservaron, así, una porción significativa de la gestión de la pobreza a un
sector de la oposición que apuesta no sólo a su fracaso sino a abatirlo en medio de una conmoción social. Las respuestas posibles de esta continuidad abarcan desde la presión de sectores clericales asociados a distintas organizaciones hasta la necesidad política de mantener vigentes a figuras del pasado identificadas con la prepotencia fascistoide y los manejos mafiosos. Pero, en la nueva coyuntura post crisis cambiaria y sus previsibles efectos sociales, los riesgos son muchos.
En lo político, a las trabajosas negociaciones con los intendentes se ha sumado una Iglesia Católica influyente en ONGs, fundaciones y movimientos piqueteros, resentida por el proyecto de despenalización del aborto. Y además todo esto ocurre de cara a fin de año, cuando desde la recesión comenzada en 2012 vuelve a disparar los reflejos de la disrupción de 2001.
Consciente del peligro, el gobierno bonaerense ha reforzado los recursos destinados a los comedores comunitarios y un mayor control policial de las zonas del conurbano más volátiles. Pero los jefes de las organizaciones redoblan las amenazas de “no poder contener la presión de las bases” ya en los próximos meses. Ni más ni menos que el viejo juego corporativo de presionar en pinzas a gobiernos debilitados desde el interior de las parcelas que éstos les ceden dentro del Estado.
¿Habrá llegado la hora de comenzar a desandar estas tercerizaciones parasitarias devolviéndole al poder público un papel más protagónico? Por ejemplo, mediante una agencia nacional de empleo autónoma, dotada de personal especializado que rediseñe las políticas asistenciales, reduzca sus costos administrativos y forme personal especializado para supervisar su efectiva ejecución en todos los órdenes jurisdiccionales y societarios. Sería sólo el comienzo de una batería de políticas destinadas a erradicar esta cara poco visible del conservadurismo mafioso y “pobrista”. ■