Avanza una causa contra Lázaro Báez por lavado

Rogelio Chanquía, contador de empresas del grupo bahiense Ficcadenti y de Juan Ignacio Suris, se negó este viernes a responder preguntas del juez federal Walter López Da Silva quien lo tiene imputado como partícipe del delito de asociación ilícita fiscal. El profesional se limitó a ratificar su declaración como testigo en el expediente iniciado en octubre de 2014, a partir de auditorías internas de la AFIP. En la maniobra, que habría permitido un daño al fisco superior a los 670 millones de pesos, están involucrados Lázaro y Martín Báez, como responsables de Austral Construcciones, además de una decena de empresarios de Bahía Blanca, acusados de proveer la facturación apócrifa para simular operaciones no realizadas, ocultar sobreprecios y evadir tributos. En junio de 2015, ante el entonces juez Santiago Ulpiano Martínez que llevaba la causa, Chanquía declaró que en 2011, con diferencia de tres meses, había sido contratado primero por Suris y después por Silvio Ficcadenti, como dueño de Grupo Penta y Cía S.A, para defenderlos en la investigación interna de la AFIP. Consideró a ambos vínculos “una casualidad” y explicó que actuó de manera opuesta en cada uno de los casos. En relación a la firma de Ficcadenti, afirmó que Grupo Penta y Cía había prestado servicios a Constructora Patagónica S.A. (del grupo Ferreyra) y a Austral Construcciones y admitió la evasión fiscal, por lo que procedió a rectificar en más las declaraciones juradas de IVA y Ganancias realizadas por otro profesional. En el caso Suris, dijo que se limitó a rectificar las DDJJ en cero, ya que las empresas habían sido creadas por el amigo de Leonardo Fariña “al solo efecto de emitir facturas apócrifas”, es decir, a simular operaciones. ■