EE.UU. mira con entusiasmo el proyecto de reforma del Código Penal argentino
El “escándalo de los cuadernos” y otros casos de corrupción en la Argentina se siguen de cerca en Estados Unidos ya que funcionarios, expertos e inversionistas norteamericanos advierten el impacto de estos hechos –como también el terrorismo y el narcotráfico- en la economía y el futuro del país. Es por eso que en Washington escucharon con atención al juez federal Mariano Borinsky, que presentó estos días el proyecto de reforma del Código Penal.
Borinksy, juez federal Camarista de Casación y presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, presentó el proyecto ante el Departamento de Estado, el de Justicia y ante un grupo de expertos en el tema en un encuentro organizado por el Wilson Center, The Integrity Forum e Interamerican Dialogue.
El magistrado preside la comisión de 12 jueces y juristas que recibió el encargo del presidente Mauricio Macri para reformar el código que se estima será presentado en el Congreso argentino el mes próximo, luego de la aprobación del Presupuesto.
En diálogo con Clarín, Borinsky señaló que es importante que en el exterior también sepan de qué se trata porque hay organizaciones como la OCDE que tienen que ver con la inversión; el GAFI con el lavado del dinero y también la OEA. “Son organismos internacionales con epicentro en Washington que marcan determinados estándares de criminalización de lavado de dinero, de terrorismo, de financiamiento y por eso también la importancia de que todas estas no- vedades sean comunicadas y conocidas”, señaló.
“Hubo mucho entusiasmo” de las autoridades, dijo Borinsky, porque “el nuevo Código Penal va a tipificar algunas cosas que hoy no están previstas, como el tema del terrorismo y su financiamiento; el narcotráfico internacional y los delitos de funcionarios públicos que serán tipificados con penas importantes”.
Por este proyecto, los delitos de corrupción no incluirán solo a las personas físicas sino también a las empresas y también el soborno entre privados. Semanas atrás, por ejemplo, el ex vicepresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone, por el código actual (negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho cuando era ministro). Con el nuevo código tendría sanciones de hasta 15 años de prisión y también le tocaría un agravante porque era un alto funcionario ya que el proyecto establece que se aumenta la pena de cohecho y de tráfico de influencias al presidente, vice, senadores, diputados, jefe de gabinete y ministros.
Otra novedad, señaló, es que el decomiso de los bienes se va a producir desde el inicio mismo del proceso penal, sin necesidad de tener que esperar hasta la conclusión.
El juez argentino contó que en el Departamento de Estado hubo especial interés en el financiamiento del terrorismo y que preguntaron si “el que pone la bomba tendrá la misma pena que aquel que dé un cheque para financiarla”.
A modo de resumen, Borinsky calificó al proyecto de “moderno”, “federal” y “plural”. ■