A 45 años del golpe de Pinochet, las heridas siguen abiertas en Chile
Las heridas que dejó el golpe militar en Chile, del que ayer se cumplieron 45 años, siguen sin cicatrizar. Las Fuerzas Armadas se resisten a abrir sus archivos y el poder económico y el poder político de los defensores de la dictadura siguen presentes mientras las víctimas reclaman justicia.
El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas perpetraron el golpe militar que acabó en el suicidio del presidente socialista Salvador Allende durante el bombardeo al Palacio de La Moneda.
Así terminaba abruptamente el gobierno de la Unidad Popular, la primera coalición marxista que fue elegida en las urnas en América Latina.
La polarización de la sociedad, la dura crisis económica y la injerencia de Estados Unidos en un contexto de Guerra Fría abonaron el terreno para el éxito del golpe que dio paso a 17 años de cruenta dictadura del general Augusto Pinochet, con más de 3.200 muertos y unos 38.000 torturados, entre ellos la ex presidenta Michelle Bachelet, hoy alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU.
Señal de que las heridas siguen abiertas, en los actos conmemorati- vos de ayer el presidente Sebastián Piñera, un antipinochetista declarado, solo invitó a sus ministros, mientras la izquierda por su lado realizaba una ofrenda floral ante una de las puertas laterales del palacio de gobierno, por la que sacaron el cuerpo de Allende tras el golpe militar.
Piñera instó a los chilenos a “aprender de la historia” para no cometer “los mismos errores” que llevaron al golpe militar tras dejar claro que “ningún contexto va a justificar los graves atropellos a los derechos humanos” que perpetró el régimen militar.
De todos modos, el mandatario señaló que la democracia en Chile no se rompió de modo imprevisto el 11 de septiembre de 1973. Ese año, dijo, “nuestra democracia estaba enferma de odio, de violencia, de descalifica- ciones, de intolerancia, de sectarismo, y eso lo sabemos todos”, señaló.
Aun así, subrayó que ninguna circunstancia justifica “los graves, sistemáticos, reiterados y condenables” atropellos a los derechos humanos que ocurrieron durante la dictadura.
La decisión, en julio pasado, de tres jueces de la Corte Suprema de conceder la libertad a siete militares condenados por violaciones a los derechos humanos en la dictadura de Pinochet puso en pie de guerra a familiares de las víctimas y a políticos de izquierda, que han presentado una acusación constitucional por “notable abandono de deberes”, al considerar que los magistrados incumplieron las normas establecidas por la comunidad internacional para los delitos de lesa humanidad. ■