La trama secreta de la compra del Próvolo: la “casa del horror” pasa a ser el edificio municipal
El predio del instituto católico donde se denunciaron violaciones y abusos sexuales a chicos sordos fue adquirido por el municipio de Luján de Cuyo en 153 millones de pesos. Sorpresa entre los vecinos y quejas de los familiares de las víctimas.
“¿Tengo que pedir permiso para poder vender una propiedad?”. Quien lo dice es el arzobispo de La Plata, Alberto Bochatey, elegido por el Papa Francisco para resolver el escándalo de los presuntos abusos sexuales de niños sordos en el Instituto Próvolo de Mendoza. Esta semana se conoció que el edificio donde cursaban los chicos que habrían sido abusados fue comprado por la Municipalidad de Luján de Cuyo, lugar donde se encuentra la entidad religiosa. Esto despertó la bronca de los familiares de las víctimas que acusan al intendente de querer ayudar a la Iglesia: “No nos informaron nada sobre esta compra. Se manejaron de manera oscura y era el principal bien que tenían para responder a las demandas”.
“Oscuro”, esa es la palabra que repiten y repiten los abogados querellantes de la causa. Dicen que no fueron notificados sobre la transacción, que todo se desarrolló en tiempo récord para una compra millonaria y que se hizo con un enorme hermetismo, al que sólo accedieron cuando el Consejo Deliberante votó el miércoles pasado la autorización para adquirir la propiedad. Ahora ese lugar al que algunos llaman “el instituto del horror”, será la nueva sede municipal.
Tanto para el intendente del departamento mendocino, Omar De Marchi, como para Bochatey, la compraventa es clara como el agua: “No se ocultó nada. Es una oportunidad histórica que tuvimos y la aprovechamos. Será un beneficio para todos los vecinos, que en su mayoría están chochos con lo que vamos a hacer acá”, cuenta De Marchi a Clarín. Sin embargo, el fiscal Gustavo Stroppiana, a cargo de la investigación, ordenó ayer que no se puedan hacer modificaciones en el lugar ya que forma parte de la prueba judicial.
El enorme predio de casi seis hectáreas (9 mil metros cuadrados cubiertos) fue adquirido por 153 millones de pesos que se pagarán en una cuota inicial de 60,5 millones pesos, y cuatro cuotas anuales de 638.000 dólares, hasta cancelar la compra en 2022.
Quienes están en contra cuestionan el supuesto precio irrisorio que se pagó. Algunos hablan de que esa propiedad vale en realidad 600 millones de pesos. Pero para los que participaron de esa transacción, lejos está de ese número: “Ojalá hubiese venido alguien a ofrecernos ese dinero. La última tasación que nos dieron fue de 220 millones”, cuenta Bochatey, que explica que con el dinero recibido crearon un fideicomiso en donde se aseguran en el futuro poder pagarles a las víctimas en caso de que la Justicia lo decida: “Estábamos quebrados, no había otra salida. Esto es algo positivo para todas las partes”.
Los abogados querellantes afirman que nunca se les notificó a sus defendidos que ahora son parte de un fideicomiso: “Nadie nos dijo nada, no vimos ningún papel ¿Qué pasa si el día de mañana la Municipalidad no paga más? Ese edificio era el único
bien que tenía la asociación para poder solventar los gastos. Lo que hicieron fue un desatino total, sólo es un gran negocio inmobiliario”, dice Oscar Barrera, que representa a cinco de las dieciocho víctimas de los abusos, todos mayores de edad.
Otro de los cuestionamientos fue la velocidad con la que se desarrolló todo el proceso. Es que la oferta oficial por parte del religioso al municipio se hizo el 31 de agosto mediante una carta en la que expresa que “por la falta de recursos económicos, tenemos la seria y formal intención de vender el inmueble”. Doce días más
tarde, el 12 de septiembre, la transacción fue votada por el Consejo, con 8 votos a favor y dos en contra. Ese mismo día se abonó el primer pago. Rápido, sin vueltas.
El arzobispo cuenta a este diario que todavía no comunicó la operación al Vaticano: “El Papa se debe haber enterado por los medios, pero ahora voy a preparar un informe para enviárselo. Francisco está muy preocupado por esto y me eligió para poder encargarme de la situación. Estoy haciendo lo mejor que puedo”, dice y agrega: “Lo que ocurrió es una mancha negra para la Iglesia”.
El edificio estuvo intervenido y clausurado durante casi dos años. Desde el municipio dicen que por el estado de abandono que tenía, había posibilidad de derrumbe o de riesgo a que sea usurpado: “Cuando nos lo ofrecieron pensamos ‘esto se hace rápido o no se hace’. Gobernar es asumir riesgos y hacía semanas que veníamos analizando la posibilidad, más allá de la oferta oficial del 31 de agosto”, dice De Marchi quien todavía no se reunió con los familiares de las víctimas: “Pienso hacerlo pronto, los vamos a escuchar y les aclararé que estoy a disposición de preservar las pruebas del lugar. Lo que pasó fue muy grave y triste. Entiendo su dolor, pero esto es algo bueno para ellos”. ■