Piden investigar aportes a Macri, Scioli y Massa en las elecciones
La Cámara Electoral desaprobó la rendición de cuentas de sus partidos. Servini debe profundizar las pericias.
La Cámara Nacional Electoral le reclamó a la Justicia que investigue el origen de los fondos de la campaña presidencial del 2015. Los del Frente Cambiemos, el kirchnerismo, el Frente Renovador de Massa y a los Rodríguez Saá.
Empresarios que confiesan contribuciones, secretas e ilegales, para las campañas electorales. Aportantes, algunos casi indigentes, que figuran en los listados pero niegan haber puesto plata.
Con esa lluvia ácida cayendo sobre el dinero político, la Justicia Electoral jugó una carta brava: en una medida inédita, mandó a poner la lupa sobre la recaudación y los gastos de la última gran elección criolla, la presidencial del 2015. Fueron cuatro fallos, casi calcados, en los que la Cámara Nacional Electoral (CNE), ordenó a la jueza Federal María Romilda Servini de Cubría que investigue de donde salieron y a donde fueron los fondos usados por los candidatos.
Servini, que por administrar la Justicia electoral de Capital Federal manda sobre el proceso electoral de las presidenciales, desaprobó los informes de gastos y ingresos de Cambiemos, el FpV, UNA y Compromiso Federal. Lo hizo luego de que el Cuerpo de Auditores de la CNE detectó inconsistencias en las presentaciones y, a partir de allí, dispuso penalidades: que los partidos integrantes de esas alianzas no podrán recibirán fondos públicos.
Pero la cámara, integrada por Alberto Dalla Via y Santiago Corcuera, fue más allá: indicó a la jueza que determine no solo las incongruencias sino, sobre todo, que investigue para “transparentar” el origen y destino de los fondos.
Fuentes judiciales aseguraron que el endurecimiento en la postura de la Cámara está directamente asociada a la repercusión de las denucias por los aportes “truchos” a la campaña bonaerense de Cambiemos en 2017 y, sobre todo, a las confesiones de los empresarios “arrepentidos” en el caso de los cuadernos sobre los pagos ilegales a sucesivas campañas K.
En la Cámara, sin embargo, evitaron hacer interpretaciones y pidie- ron ceñirse al texto de las sentencias. Así y todo, desde el tribunales se enfocan en las cuestiones de índole electoral sin plantear o pedir investigaciones de otro tipo.
Las sentencias del tribunal de alzada se enfocan, porque son los expedientes que quedaron bajo su escrutinio, en los gastos de campañas de Mauricio Macri, Daniel Scioli, Sergio Massa y Adolfo Rodríguez Saá.
En la general de 2015, Cambiemos declaró gastos por 92.810.707, el Frente para la Victoria (FPV) 54.628.659, UNA 30.050.518 y Compromiso Federal 16.636.194.
La Cámara, a partir de las resoluciones de Servini, los informes de los auditores y las apelaciones de los partidos, pidió concentrarse en tres aspectos específicos:
• Aportes ilegales. Luego de las denuncias sobre la existencia de aportantes truchos, y la constatación de los auditores de personas que figuran en los registros pero no aportaron, la CNE ordenó que se haga una investigación exhaustiva para determinar la existencia o no de otros casos en los informes presentados por las cuatro alianzas electorales que participaron en la general del 2015: Cambiemos, el Frente para la Victoria, UNA y Compromiso Federal.
• Gastos ocultos. A partir del trabajo del Cuerpo de Auditores por consultas con proveedores y de informes privados, se detectó que existieron gastos que no fueron declarados o que fueron declarados con fondos menores. Hubo otra picardía: se incluyeron gastos fuera del período de campaña, prohibido por ley.
• Contribuciones camufladas. Los especialistas y peritos de la Cámara Electoral detectaron, además, la existencia de posibles “aportes” de empresas a través de empleados o directivos, un mecanismo que en el circuíto político se considera habitual, y que es un atajo para gambetear la prohibición de que compañías de servicios y obras públicas, prestadoras del Estado o licenciatarias de juegos de azar.
La normativa impone sanciones a los partidos que integran la alianza electoral cuyo informe de campaña no es aprobado. Esa infracción conlleva que no puede recibir fondos públicos del campaña por el monto de los fondos declarados en los informes que no pasen el filtro de los auditores judiciales. ■