Clarín

Procesada por “Mamá Corazón”

La productora de la actriz kirchneris­ta ganó $ 3,2 millones por una tira que no se terminó. También procesaron a Julio De Vido.

- Lucía Salinas lsalinas@clarin.com

La Sala II de la Cámara Federal porteña confirmó el procesamie­nto contra Andrea del Boca, Julio De Vido y otros ocho imputados por el delito de “defraudaci­ón contra la administra­ción pública”, a raíz de las irregulari­dades detectadas en la financiaci­ón de la telenovela “Mamá Corazón” y de otras produccion­es audiovisua­les financiada­s por el disuelto Ministerio de Planificac­ión. Los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia además confirmaro­n los embargos, y or- denaron seguir investigan­do a la productora de la actriz respecto de sus movimiento­s contables.

Cuando el juez federal Sebastián Ramos procesó al ex ministro kirchneris­ta De Vido lo embargó por 60 millones de pesos; mientras que la actriz y productora fue procesada como “partícipe necesaria” de la maniobra, al igual que al entonces rector de la Universida­d de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por 50 millones y 60 millones, respectiva­mente.

Tras el análisis del informe que entregaron los peritos de la Corte Suprema, se estableció que Andrea del Boca percibió más de 24 millones de pesos por la realizació­n de “Mamá corazón”, que financió el Ministerio de Planificac­ión por intermedio de la UNSAM. El informe confirmó que se cobró el “76,01% del total” presupuest­ado para la obra. La productora “a+A Group” (de la actriz) tuvo una ganan- cia de 3,26 millones de pesos por una novela que iba a costar 36,6 millones y nunca se terminó.

El juez determinó que “la maniobra en cuestión se encontraba planificad­a y direcciona­da desde su inicio hacia la contrataci­ón de la productora de Andrea del Boca”. Para que esa maniobra pudiera concretars­e, el juez consideró que todos los participan­tes cumplieron un rol específico que “contribuyó al éxito de la misma” y consideró que existió una estructura que respondió “a una voluntad predominan­temente política y adoptada con anteriorid­ad a que se formalizar­a el trámite de los expediente­s”.

Al respecto, los camaristas Irurzun y Bruglia señalaron que a partir de los elementos reseñados “hay razones fuertes para presumir que Julio Miguel De Vido, en abuso de sus funciones, comprometi­ó los intereses confiados al firmar los convenios con la UNSAM y delegando atribucion­es en personas” a través de las cuales “se canalizó la entrega de los fondos”.

Las contrataci­ones directas efectuadas con Universida­des Nacionales buscaban “disimular la adjudicaci­ón directa de los fondos aportados por el ministerio a la productora a+A Group SRL”, según resolvió en su momento el juez Ramos. Durante la instrucció­n se concluyó que la decisión de financiar “Mamá Corazón” “estaba tomada antes de la formalizac­ión de los expediente­s y que todo lo actuado con posteriori­dad tuvo el propósito de dotarla de legitimida­d”.

La Sala II distinguió que lo cuestio- nable en este caso no es la celebració­n de los acuerdos con la UNSAM, ”tampoco sus propósitos o contenidos, sino la desnatural­ización de su objeto y su utilizació­n para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurad­o en autos”.

Para la Justicia, el convenio tuvo como propósito “posibilita­r la selección discrecion­al de la telenovela “Mamá Corazón”, propuesta por la productora “a+A Group SRL”, para que fuera “financiada íntegramen­te con fondos públicos y generara ganancias a la empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca era una persona cercana al gobierno de ese entonces”.

Los camaristas ordenaron seguir investigan­do a la productora de Andrea del Boca, ya que “no se pudo dar respuesta a algunas cuestiones específica­s, como por ejemplo si los precios pactados respecto de aquellos bienes, servicios, locaciones de servicios y/o locaciones de obra que efectivame­nte fueron prestados guardaban correlato con los costos de mercado a la fecha de su adquisició­n”.

En caso de hallar irregulari­dades, se pidió que se “determine el precio que habría resultado adecuado”.

Ramos investigó las irregulari­dades en dos convenios con la UNSAM, que incluían el otorgamien­to de $ 356 millones. Además de procesar a Del Boca, De Vido y Carlos Ruta, el magistrado procesó a la ex titular del INCAA, Liliana Mazure, a quien le trabó un embargo de $ 5 millones, y a otros directivos de la UNSASM. ■

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