La corrupción agrava la pobreza
LTodo individuo que es sospechado de haber cometido un delito, debe ser investigado y, si es culpable, sancionado
a corrupción es un problema endémico que afecta prácticamente a todos los países del mundo. Ya en 1950 la filósofa Ayn Rand describía a la perfección el fenómeno: “Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebes que el dinero fluye hacia quienes no trafican con bienes sino con favores; cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y por influencias más que por su trabajo, y que las leyes no te protegen contra ellos sino, por el contrario, son ellos los que están protegidos contra ti; cuando descubras que la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio, entonces podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que tu sociedad está condenada”.
Desandar ese camino será un proceso largo y complejo que hemos comenzado a recorrer con conciencia, políticas públicas y fortalecimiento institucional. Lo más significativo en estos últimos tiempos ha sido el haber comprendido la estrecha vinculación que existe entre corrupción y violación de Derechos Humanos.
“La cantidad de dinero robado, cada año con la corrupción, es 80 veces más de lo que hace falta para alimentar a la gente que pasa hambre en el mundo”. Estas fueron las devastadoras conclusiones que en 2013 expuso Navy Pillay, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Resulta imprescindible entender que la alta corrupción genera víctimas concretas, determinables, tanto individuales como colectivas. La población en su conjunto es perjudicada cuando se observa, por ejemplo, deterioro en la educación, en la salud, en los transportes públicos, en la se- guridad ciudadana, en la lucha contra el narcotráfico. Derechos que podrían verse consumados si no se hubiesen desviado los fondos.
La corrupción se transforma así en un impedimento estructural para el efectivo goce de los derechos humanos. Este nexo nos lleva a tomar conciencia de que no vulnera los derechos de todas las personas por igual, sino que afecta desproporcionadamente a aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La corrupción sostiene la pobreza y debilita la democracia.
A su vez, el Estado debe garantizar el trato igualitario de las personas ante la ley. Todo individuo que es sospechado de haber cometido un delito, debe ser investigado y sancionado si se demuestra su culpabilidad.
Argentina no puede tolerar tratos privilegiados para quienes se encuentran imputados en actos de corrupción: toda persona debe ser juzgada en un plazo razonable, con el respeto de las debidas garantías. En este sentido, sostener que la investigación judicial de los hechos de corrupción se transforma en una persecución política resulta, al menos, desafortunada. El Gobierno puso en marcha una política integral contra la corrupción. La prensa goza de libertad y la Justicia se ve libre de presiones y con la necesidad de rendir cuentas a los habitantes. Esto ha permitido el aumento de las investigaciones y que jueces y fiscales avancen en muchos procesos, llegando a condenas, a juicios orales y recuperando de a poco el dinero y bienes vinculados con la corrupción, como en los casos de José López, Tandanor, Austral Construcciones, entre otros. Acompañamos este largo proceso que conlleva un profundo cambio cultural promoviendo un conjunto de leyes y políticas como el Programa de Protección de Testigos e Imputados, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, la del colaborador eficaz, los proyectos sobre Extinción de Dominio y la Reforma del Código Penal y Procesal Penal; así como nuevas herramientas vinculadas con el acceso a la información pública y el gobierno abierto, la rendición de cuentas, los procesos de licitación online, los expedientes digitales, como también la participación ciudadana a través del Programa Justicia 2020.
Todos estos elementos reúnen una idea común: el fortalecimiento de las instituciones para tener un país mejor para todos los argentinos. Superar la corrupción endémica a través de políticas públicas eficientes y de un Poder Judicial independiente contribuirán así a un mayor respeto a los derechos humanos de todos los habitantes de nuestra nación. ■