Adolescentes vulnerables, otra deuda aun en democracia
Politóloga, profesora de Políticas Sociales, UBA
Entre el 23 de junio y el 29 de agosto pasado fueron asesinados siete jóvenes. Fue en Esteban Echeverría (Monte Grande) en dos barrios, La Victoria y 9 de abril, que están separados tan solo por 50 cuadras. Su población vive en condiciones de extrema pobreza.
En el primer caso, murieron tres hombres y una mujer, todos chaqueños, de entre 16 y 26 años; en el segundo, tres chicos entre 14 y 18 años nacidos en Paraguay que llegaron a la Argentina siendo muy pequeños. Los tres jóvenes vivían prácticamente solos ya que la única compañía era su abuela. La noticia llegó como “ajuste de cuentas” o conflicto por drogas. Tal vez sí, tal vez no. Eso lo definirá la Justicia. Pero, mientras la Justicia y la policía hacen su tarea, es necesario que formulemos otras preguntas, sin las cuales seguiremos tratando de resolver la violencia sólo con medidas punitivas.
¿Quiénes eran esos chicos y cómo vivían? ¿Asistían o habían completado el natural y obligatorio ciclo de educación formal? ¿Tenían un ámbito familiar y social que los contuviera? ¿Vivían en un espacio territorial integrado? ¿Tuvieron acceso a servicios y profesionales que escucharan sus preocupaciones, dudas, o les ofrecieran opciones de vida acordes a la edad? ¿Había centros de salud que los orientara en las lógicas preguntas que tiene cualquier adolescente? ¿Hubo alguien que les enseñara a valorar y cuidar sus vidas y las de los otros?
Las estadísticas ya han mostrado -reiteradamente.- que en nuestro país miles de niños, adolescentes y jóvenes viven desde hace muchos años en asentamientos como los mencionados, espacios que han olvidado su carácter transitorio para heredarse de abuelos a padres y de estos a hijos. En estos barrios todos sus integrantes son pobres, aunque reciban la AUH y diversos planes sociales. Son pobres porque los adultos tienen trabajos informales, porque los jóvenes no consiguen trabajo, porque la maternidad llega en plena adolescencia. Son pobres porque sus barrios tienen un déficit crónico de transporte público, los centros de salud no reúnen las mínimas condiciones para realizar una atención primaria y preventiva de la salud, la escuela no está en condiciones de retener a sus alumnos y –salvo proyectos aislados y de buena voluntad- no existen espacios de recreación y desarrollo cultural.
Son pobres porque no hay iniciativas sostenidas en el tiempo (tiempo social y tiempo cronológico) que los acompañe en esa etapa crucial de la adolescencia, donde al “síndrome de la langosta”, ese período donde se “adolece” y se cambia de piel sin aún tener la de la adultez, se le agrega un contexto social, territorial, familiar, policial, sanitario, hostil. Que por un lado los expulsa de la “sociedad sana” y simultáneamente los encierra en guetos clasistas que refuerzan un sentido de pertenencia incierto e insostenible donde campea triunfante la igualdad en la miseria. En el caso de los siete muertos, vemos soledad, aislamiento y encierro en un contexto donde todos tienen una acumulación inaudita de carencias (al cabo de 40 años en democracia) que reproducen fracasos, resentimientos y frustraciones. Solemos pontificar con demasiada facilidad sobre los derechos de la infancia y adolescencia.
Para avanzar efectivamente en esos derechos el municipio, la provincia, la Nación deben instrumentar políticas específicas. Políticas que desde 2006 son objetivos de nuestro Sistema de Protección Integral de la Infancia y Adolescencia pero que aún están pendientes. En el caso que nos ocupa, estos chicos tendrían que haber hecho un ejercicio de imaginación extraordinario para abrigar una mínima esperanza de vida distinta y mejor que la que tuvieron y terminaron perdiendo bajo balas, cuchillos, vidrios y alambres.