Que el narco no llegue a la política
El tráfico ilícito de drogas en el mundo y en la región ha creado una creciente preocupación que se extiende también a otros delitos transnacionales, como el tráfico ilegal de armas, la trata de personas y el lavado de activos, todos ligados entre sí y a la corrupción.
Expertos internacionales aseguran que la lucha contra el narcotráfico (que en el mundo tiene un ingreso ilegal del orden de los 500 mil millones de dólares) se va perdiendo, y ya no es solo una actividad delictiva sino también, en muchos casos, una forma de vida en varios países.
Los recursos que varios Estados asignan para abordarlo—entre ellos nuestro país— han sido poco equilibrados, privilegiando combatir la oferta y el menudeo en un 90% y un magro 10% a la prevención, atención y rehabilitación.
Los resultados son negativos y las capturas se concentran en los eslabones más débiles, mientras los más fuertes trascienden fronteras generando un “efecto globo”, y se trasladan de acuerdo a las facilidades que encuentran en distintos países o regiones.
La invención y producción de nuevas sustancias psicoactivas se han incrementado, el consumo no disminuye y en casi todos los países aumenta significativamente. Los mayores productores del mundo de clorhidrato de cocaína se encuentran en Sudamérica: Colombia, Bolivia y Perú; como así también el principal productor de marihuana: Paraguay.
El mayor centro de consumo y de adictos es Estados Unidos que, a pesar de tener una frontera de 3.200 km, amurallada y controlada, recibe anualmente más de 600 toneladas métricas de cocaína, a través de la ruta sur-norte: Colombia, Istmo Centroamericano y México. Curiosamente recibe también un 60% de la heroína que produce Afganistán; antes de la intervención militar estadounidense recibía sólo el 6%.
Según un reporte del Global Financial Integrity, en algunos países de la región, el dinero sucio del narcotráfico alcanzaría hasta una participación del 2% de sus respectivos PBI. A nivel mundial se percibe claramente el financiamiento al terrorismo, a las mafias y al crimen organizado.
Nuestro país está lejos de avanzar hacia lo que algunos llaman, impropiamente “colombianización” o “mexicanización”. En este último país la década de la lucha contra el narcotráfico ha dejado más de 100 mil muertos, cerca de 30 mil desaparecidos y 35 mil desplazados, sin réditos contra el fin propuesto. Al respecto, son elocuentes las palabras del general mexicano Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa: "Esto no se resuelve a balazos (…) Soy el primero en alzar la mano para regresar a nuestras tareas institucionales”. (…) Las fuerzas armadas no están capacitadas para cumplir funciones de seguridad pública y carecen de respaldo legal para hacerlo (…) El poder judicial ha creado una puerta giratoria que permite a los delincuentes salir de prisión por fallas al debido proceso o porque argumentan violaciones a sus derechos humanos”.
La situación en Colombia no es muy diferente. En lo que va del año se han registrado 3.500 asesinatos (235 más que en el mismo período del 2017); la producción alcanza superó las 900 toneladas métricas de cocaína, las hectáreas sembradas se incrementaron a más de 170 mil. El narcotraficante colombiano de hoy se esconde bajo la fachada de empresario y el traslado de la droga se realiza con el de los productos de consumo masivo.
El accionar de los narcotraficantes colombianos se ve favorecido por la presencia de varios miles de hombres pertenecientes a las FARC que no se incorporaron al acuerdo de paz; por el Ejército de Liberación Nacional y por las Bandas Criminales. La presencia de ellos en varias regiones tiene un fin específico: mantener el control del narcotráfico. México y Colombia tienen una calificación de riesgo extremo a nivel mundial.
En Latinoamérica los menores índices de asesinatos cada 100 mil habitantes los tienen: Chile con 3%, Uruguay con 5,8% y Argentina con 6% (datos 2016).
En los países que emplearon a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico los resultados han sido negativos, letales, desmoralizadores y afectaron seriamente la esencia y la profesionalidad de las mismas. Sería una miopía inconducente priorizar la lucha contra un flagelo controlable por las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales. No nos preocupemos por algunos vasos de leche derramados y recuperables, concentrémonos en no perder la vaca, materializada en los desprotegidos e indefensos escenarios estratégicos vitales—joyas de materias primas actuales y futuras—como nuestra Patagonia; el Litoral Marítimo con más de 6 mil kilómetros, su proyección hacia la Antártida y las Malvinas, y su plataforma continental; y el Acuífero Guaraní (tercero del mundo). Recordemos que más temprano que tarde los conflictos en el mundo se originarán por la escasez de agua dulce.
En muchos países, la lucha contra la calamidad de la droga marcha con políticas carentes de un diagnóstico medular que oriente a privilegiar un equilibrio entre el presupuesto asignado a la represión y a la prevención. Debe ampliarse a otras áreas como la educación, la salud pública, la política migratoria, la cooperación internacional, tareas de inteligencia y contrainteligencia, y con funcionarios y jueces comprometidos con los delitos que declaramos combatir. De lo contrario, el narcotráfico infiltrado en mafias corruptas fácilmente llegará a la política y, mediante hábiles “gambitos” controlará a los gobiernos de turno. ■