Investigan si el ex juez Melazo tenía boliches con un jefe de la barra brava de Estudiantes
Una “sociedad” que tendría más de 15 años El ex magistrado está acusado de liderar una asociación ilícita integrada por policías y ladrones. Ayer allanaron dos locales vinculados a Rubén “El Tucumano” Herrrera, preso por la misma causa. Y una oficina de l
La investigación de la megabanda de magistrados, policías y ladrones que mantiene preso a César Melazo busca descifrar las presuntas conexiones comerciales del ex juez de Garantías con el ex jefe de la barra de Estudiantes y hombre de la noche platense, Rubén Orlando “El Tucumano” Herrera, también detenido.
La hipótesis es que ambos compartían negocios en varios locales nocturnos. Con acciones muy parecidas a las que desarrollaba Herrera en las tribunas, y con los vínculos judiciales y políticos de Melazo, ambos habrían logrado el manejo de los boliches en varios circuitos nocturnos de la capital bonaerense.
Ayer hubo una avalancha de allanamientos simultáneos. Dispuestos por las fiscales Betina Lacki y María Eugenia Di Lorenzo, agentes de seguridad intervinieron en dos locales nocturnos que se atribuyen a “El Tucumano”: “La Reina”, ubicado en Centenario y 511, un barrio repleto de bares y boliches; y “Mileño”, cerca de esa zona. Fueron en busca de documentación que avale esta versión extendida en el mundo empresarial de La Plata, pero aún no certificada en los expedientes.
Herrera fue detenido el mismo día que Melazo, el 24 de agosto, imputado por asociación ilícita. Se sospecha que compartían negocios al borde de la ilegalidad, con el funcionario y con otros empresarios de La Plata.
Derivaciones de esta misma investigación terminaron con la detención del ex fiscal platense Tomás Morán, acusado de cobrar 30 mil dólares a un sospechoso para no involucrarlo en una causa penal, y la suspensión del juez de Casación Martín Ordoqui, mencionado en varios audios y conversaciones de los miembros de la organización. Está acusado de otorgar beneficios procesales a detenidos a cambio de dinero.
Por esa razón, los investigadores también ordenaron allanar el domicilio particular de la funcionaria Marcela Mercado, secretaria de Ordoqui. Además, se hicieron procedimientos en las oficinas que ocupa la empleada judicial en el primer piso del palacio de Tribunales, ubicado en 7 y 56.
Los operativos ocurrieron horas antes de que se conozca una definición jurídica clave: la jueza de Garantías, Florencia Butiérrez, deberá resolver –entre hoy y mañana- si acepta el pedido de prisión preventiva para Melazo, Herrera y Enrique Petrullo, un falso operador y lobista que también fue detenido en la última semana de agosto.
De acuerdo con la hipótesis de Lacki, la megabanda se dedicaba a robar viviendas; reducir o revender autos robados; realizar estafas variadas y otros delitos. Estaba integrada por un alto oficial de la Bonaerense; dos ex agentes de esa Fuerza; ladrones que eran la mano de obra y otros personajes avezados para el fraude, como agencieros de autos o corredores de seguros. Por eso hay 14 involucrados; 13 detenidos, 10 de ellos procesados con preventiva.
El escándalo, que provocó una tormenta en el ambiente judicial de La Plata, se inició por el homicidio de Juan Farías, ex integrante de la banda mixta. El hombre fue asesinado el 1° de diciembre de 2010 en un edificio de avenida 44 entre 26 y 27. Se sospecha que fue un ajuste de cuentas por un “escruche” a la casa del técnico de fútbol Roberto Zapata.
El sendero que ahora intenta despejar la Justicia tiene que ver con otras maniobras del ex juez Melazo. Dos empresarios y dos abogados penalistas contaron a Clarín cómo sería la operatoria que le permitió al ex magistrado expandir su poder en la noche platense. Todos coinciden en enumerar que Herrera –quien tras estar detenido por un intento de homicidio fue desplazado de la barra de Estudiantes- manejaba los locales “Mileño”; “La Reina”; “La Casona”; “Dickens”; “Media Pinta”; “Praga”; “El Bodegón” y “Etiqueta”. Son bares, confiterías o cervecerías platenses.
Según contó a Clarín uno de los comerciantes, gracias a los contactos con la Municipalidad (en gestiones anteriores) y con la Bonaerense (a través del Registro de Bebidas Alcohólicas –REBA-), los sospechosos habrían digitado inspecciones y clausuras a la competencia para ahogarlos y obligarlos a abrirse del negocio.
“Una vez tuve un incidente por una pelea que terminó en la Justicia. Me clausuraron el local y estuve casi cinco meses sin poder reabrirlo. Hasta que me llamó un intermediario y me ofreció hablar con el ex juez Melazo. En la reunión se me ofreció levantar todas las clausuras y limpiar el proceso judicial a cambio de darle el 50% del negocio”, detalló el dueño de un local. Así habrían operado durante al menos 15 años los “socios”. Y así habrían logrado –por ejemplo- adquirir el manejo de “Etiqueta”, un boliche abierto por empresarios de Buenos Aires que se retiraron después de tres clausuras consecutivas.