Procesan a sindicalistas de ATE por una toma
En un fallo que puede enervar la discusión política y sentaría un precedente sobre los límites de la protesta gremial o social, la Justicia platense procesó por “coacción agravada” a los secretarios generales de ATE, Francisco Benegas (Ensenada) y Oscar de Isasi (Provincia) por “coacción” e “incitación a la violencia colectiva”, entre otros delitos, por la toma del Ministerio de Economía bonaerense, en medio del conflicto entre trabajadores de Astilleros Río Santiago y el gobierno de María Eugenia Vidal.
El fiscal Marcelo Romero determinó con asistencia de material fotográfico y testimonio, entre ellos el del ministro del área, Hernán Lacunza, que los sindicalistas obraron ilegalmente, incitando a la violencia, valiéndose de la representatividad que invisten y aprovechando “la angustia de sus representados por la posibilidad de perder sus fuentes de trabajo”.
De esta manera, la máxima jerarquía de un gremio de Provincia queda sujeto a los pasos procesales que determinará, de ahora en adelante, cada instancia judicial.
La resolución se conoció minutos después de finalizada la reunión de Vidal con su gabinete, donde se avanzó en un aumento de 15% desde octubre para el Servicio Alimentario Escolar y también en el programa Más Vida y el nuevo programa de tarjeta para espacios comunitarios. La simultaneidad es casual, pero marca dos rumbos: la preocupación oficial por mantener la “paz social”, como reclaman los obispos, y la necesidad de Vidal de no descomponer su perfil de gestión, aún con intransigencia ante la presión gremial. En este caso de ATE. Similar a la pulsión que mantiene con los docentes.
El camino es angosto. El mismo fiscal Romero lo reconoce en su fallo al reivindicar “el derecho de reunión, de peticionar y protesta. Simplemente –alega- es hora de impedir que bajo el manto sagrado de la vigencia de la Constitución, se continúen legitimando acciones criminales”.
Para el magistrado, esas acciones bastardean el concepto, la finalidad y las prerrogativas de esos derechos”. E inmediatamente incorpora las responsabilidades calificadas. Esto es, de los secretarios generales, al atribuirles que incitaron a la violencia en el ministerio “aprovechando la necesidad y las pasiones de los más vulnerables en cuya coyuntura el decisorio (de los manifestantes)- es limitado. Es –prosigue- donde más cautela y detenimiento debe tener el Representante Político de la Organización en tanto líder de masas”.
El gobierno denuncia manejos irregulares en el ARS, como un traspaso de $ 50 millones anuales al gremio sin acreditaciones contables y que desde hace diez años no se fabrica un barco en la planta de Ensenada.