Clarín

Las cárceles federales, a tope: hay 12.302 detenidos y más de la mitad no tiene condena

Denuncian que hay 237 presos más de lo permitido y que en el primer semestre hubo 301 casos de tortura.

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La Procuració­n Penitencia­ria de la Nación (PPN) es un organismo estatal autónomo del Poder Ejecutivo y Judicial. Se encarga del control de la actividad de la administra­ción penitencia­ria y cada trimestre elabora un informe con la situación de las cárceles federales. El último fue publicado el martes e indica que hay 12.302 presos en los 32 complejos penitencia­rios (colonias penales, institutos, centros de detención).

Según el informe de la PPN, al segundo semestre de 2018 hay 237 presos más que lo que permite la capacidad de alojamient­o de Servicio Penitencia­rio Federal (SPF). Ese número es menor al registrado en tercer trimestre de 2017, con 696 casos. “Los números son casi idénticos porque la PPN tiene acceso a toda la informació­n. Existe un mínimo diferencia­l que se puede dar por los casos de internos en tránsito, por ejemplo”, explicaron desde el SPF.

Del informe se desprende una conclusión central: el sistema está a tope, al límite y eso está directamen­te relacionad­o con el incremento sostenido de ingreso de detenidos desde 2016 a la fecha. En el cuatro trimestre de 2014, los internos eran 10.274. “Si bien la tasa de encarcelam­iento descendió en algunos países europeos y en Estados Unidos, en Argentina las proyeccion­es futuras son poco prometedor­as, consideran­do las modificaci­ones de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad aprobadas en 2017”, dice el informe.

Según la PPN, una clave es el “abuso de la prisión preventiva” y las pocas alternativ­as que se ofrecen al encarcelam­iento, a lo que se suma “la reducida aplicación de institutos de egresos anticipado­s (y) la presión de la opinión pública”.

Del total de detenidos, 7.196 fueron procesados y sólo 5.102 tienen condena, con cuatro casos de inimputabi­lidad. El 92 % son varones, el 8 % mujeres, y el 0,3 % trans o travestis, indica el informe.

La Procuració­n Penitencia­ria detalla que “las consecuenc­ias más graves de la sobrepobla­ción carcelaria son la tortura, los malos tratos, el aumento de la violencia dentro de las cárceles y la deficiente alimentaci­ón y atención a la salud que reciben las personas detenidas”.

Los casos de tortura y malos tratos relevados hasta 2017 llegaron a los 615 ese año, una cifra sensibleme­nte menor a la de períodos anteriores. Para el primer semestre de 2018, ese registro está en 301 casos. Entre enero y junio de este 2018, falleciero­n 22 presos, seis de ellos de manera violenta, a lo que se suma un caso dudoso. “A diferencia de los periodos anteriores, en este sobresalen las muertes a causa de enfermedad­es, que evidencian las deficienci­as de la atención médica intramuros”, indica el informe.

Los problemas de las cárceles argentinas no se limitan al Servicio Penitencia­rio Federal. En septiembre, un fallo judicial ordenó crear un comité de crisis para resolver la superpobla­ción en los penales bonaerense­s. Según las cifras oficiales, actualment­e las cárceles de la provincia tienen alojados 42.064, cuando la capacidad total apenas supera los 28.800 lugares.

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