El fiscal
Aveces resulta difícil mirar atrás y encontrar el exacto momento en el cual ocurrió aquello que determinó para siempre todo lo que vino después. Su carrera quedó congelada allí, en aquella tarde del lunes 28 de octubre de 2002, apenas pasadas las 14, en el country Carmel de Pilar.
Apenas tres años llevaba como fiscal Diego Molina Pico. Hijo del almirante Enrique Molina Pico, se había recibido de abogado en 1989 y había trabajado un tiempo como meritorio en los tribunales porteños antes de terminar la carrera. Luego se sumó a la Marina, donde ganó experiencia como inspector de Pesca en alta mar e integró el Consejo de Guerra. También pasó seis meses en Haití, integrando una misión de los Cascos Azules. En 1999, a los 33 años, decidió que había cumplido una etapa y se retiró como teniente de navío, al tiempo que ganaba un concurso para ser fiscal en San Isidro. Su destino fue hacerse cargo de una de las fiscalías de Pilar.
O, mejor dicho, su destino fue que le tocara estar de turno ese lunes 28 de octubre de 2002, el día posterior al de la muerte de María Marta García Belsunce.
Aquella mañana, el jefe de Investigaciones de San Isidro, comisario Aníbal Degastaldi, lo llamó por teléfono. Su mensaje fue confuso: Juan Martín Romero Victorica, fiscal general ante la Cámara Nacional de Casación Penal, le había pedido a un alto jefe de la Bonaerense que se acercaran al country Carmel porque un allegado había sufrido un accidente fatal.
Comisario y fiscal llegaron al Carmel a las 14, cuando por la casa de María Marta ya había pasado gran parte de las 300 personas que se acercaron a despedirse de ella. El velatorio se estaba haciendo allí mismo, en el chalé de dos plantas con pileta y jardín comprado por Carlos Carrascosa doce años antes.
Apenas aparecieron en el lugar, Romero Victorica salió a recibirlos.
-Hubo un lamentable accidente. La mujer que murió era la hermana de un gran amigo mío, Horacio García Belsunce (hijo), les dijo.
Y los condujo al lavadero de la casa, ubicado en la planta baja, junto a la cocina. Los hizo esperar allí y enseguida reapareció acompañado por su amigo Horacio (hermano de María Marta). El diálogo que siguió sería objeto de un careo, mucho tiempo después.
-Mi hermana sufrió un accidente. Le ruego que respete nuestro dolor y el momento que estamos viviendo porque es todo muy difícil, le habría explicado Horacio.
-¿Un accidente? ¿Cómo fue? ¿No vino la Policía?, habría preguntado Molina Pico.
-No, no. María Marta se golpeó en el baño, tuvo un accidente. Vinieron dos médicos distintos y lo constataron, doctor, ¿entiende?
- ¿Tienen certificado de defunción? -Está en la cochería, fue la respuesta. Molina Pico pidió ver el cuerpo. Lo guiaron así hasta la habitación de María Marta. La mujer estaba tendida en la cama matrimonial, a metros del baño donde había muerto.
Horacio no resistió el momento. Se acostó en la cama junto a su hermana, empezó a murmurar y a lagrimear, y le pasó un brazo por sobre la cabeza. Molina Pico dio media vuelta y habló con Romero Victorica:
- Voy a empezar por el perímetro. Voy a to- marles declaración a los médicos, los vigiladores y los empleados para ver si está todo en orden. Después, veremos..., anunció.
La respuesta que habría recibido lo sorprendió, según confesaría a sus allegados:
-Confiá en mis 30 años de experiencia como fiscal. Acá no pasó nada, le habría dicho.
Y Molina Pico se fue, sin haber hecho lo que debería: interrumpir el velatorio, ordenar una autopsia inmediata y descubrir ese mismo día el secreto que demoraría 40 días.
No sabía el fiscal que, la tarde anterior, Horacio García Belsunce (h) había llamado a un comisario para pedirle que la Policía no fuera al country. Él siempre diría que había sido para evitar más dolor en la familia, pero la Justicia aún hoy le mantiene la sospecha: está condenado en primera instancia -con fallo ratificado por Casación- por “encubrimiento”, aunque resta que la Suprema Corte revise esto.
Molina Pico tampoco sabía entonces que bajo el cuerpo de María Marta había aparecido un pedazo de plomo y que algunos de sus familiares, como el propio Horacio y su medio hermano John Hurtig -hoy condenado y en su misma situación-, lo habían analizado y habían discutido si se trataba de una “esquirla” o de un “pituto”. Y que lo habían tirado por el indoro, tras exhibírselo a Carrascosa.
Hurtig sostiene, aún hoy, que nadie se hubiera enterado de la existencia del “pituto” si él no se lo hubiera contado al propio fiscal varias semanas después. Pero la Justicia todavía le mantiene la condena.
Al fiscal tampoco le revelaron, hasta semanas más tarde, que el certificado de defunción de María Marta -obtenido en una cochería por su cuñado, ya fallecido- había sido completado con datos falsos: decía que había muerto por un “paro cardiorrespiratorio no traumático” y que esto había ocurrido en Capital.
Y así María Marta fue sepultada en la Recoleta, sin investigación penal ni autopsia.
Pasaron los días y Molina Pico pidió a la Policía que le elevara el sumario que le había ordenado hacer. No había nada. Ni siquiera el certificado de defunción.
El expediente podría haber quedado cerra- do ahí, sin más movimiento. Pero no.
En almuerzos de la zona norte ya se hablaba de una mujer a la que habían sepultado como si hubiera sufrido un accidente pero que, en realidad, había sido asesinada. Algo de eso llegó al despacho de Molina Pico, que en noviembre retomó la causa y citó a declarar a Santiago Biasi, uno de los médicos de emergencias que habían ido al Carmel el 27 de octubre a asistir a María Marta. El testimonio de este profesional lo impactó, porque le describió que la mujer tenía agujeros en la cabeza como si la hubieran asesinado.
Molina Pico pidió la exhumación y la autopsia de María Marta. Así, cuarenta días después de aquel día fatídico, supo lo que sospechaba: que la habían matado a tiros. Cinco le habían acertado. Un sexto, el “pituto”, rebotó.
Ni la causa ni el fiscal tuvieron ya marcha atrás. Avanzó contra la familia, pidió el procesamiento de varios de sus integrantes por encubrimiento y lo logró. Después, al sumar indicios contra su coartada, solicitó y logró el procesamiento de Carrascosa por homicidio.
La causa se dividió en dos. Carrascosa fue a juicio y, con Molina Pico como fiscal, fue condenado a 5 años y medio de cárcel por “encubrimiento”. Parte de sus familiares y amigos fueron a otro juicio y también fueron condenados. Ese fallo fue confirmado, aunque ahora espera revisión en la Suprema Corte.
El derrotero de Carrascosa fue otro. La sentencia fue a Casación y allí una Sala confirmó las pruebas, pero consideró que eran pruebas de que había participado del crimen. Por eso le cambió la pena a perpetua.
Este fallo fue a parar a la Suprema Corte, que rechazó revisarlo. Pasó así a la Corte nacional, que ordenó que se volviera a analizar. Y así regresó a Casación, donde recayó en una nueva sala: la de Martín Ordoqui, Víctor Violini y Daniel Carral.
Los nombres son conocidos hoy, porque se repiten en la causa de la megabanda del ex juez César Melazo. Ordoqui fue suspendido el mes pasado y se le inició juicio político, ante la sospecha de que vendió un fallo que beneficiaba a un procesado por doble homicidio. Sus colegas Violini y Carral firmaron ese fallo, por lo que también deberán explicarlo.
La sentencia contra Carrascosa fue revertida por Ordoqui, Violini y Carral. Lo sobreseyeron y ordenaron, en paralelo, que se reactivara la investigación del crimen. Esa investigación es la que tiene ahora al vecino del Carmel Nicolás Pachelo -a quien la familia de María Marta siempre acusó- y a dos ex vigiladores esperando juicio oral.
El fiscal Carlos Altuve apeló la absolución de Carrascosa y así el fallo fue a parar a la Suprema Corte por segunda vez. Su argumento tuvo dos ejes: por un lado, destacó que los jueces habían hecho algo tan insólito como usar testimonios vertidos en otras causas -el juicio por encubrimiento, por ejemplo- para resolver la situación del viudo; por el otro, tildó al fallo de “arbitrario” porque se había centrado en descalificar lo actuado y sostenido por Molina Pico y no, como debería haber ocurrido, en contrastar los fundamentos de los jueces que habían dictado la condena.
La apelación generó un nuevo problema. El abogado de Carrascosa, Fernando Díaz Cantón, recusó a 4 de los 7 integrantes de la Corte porque ya habían intervenido en el expediente. “Los citados jueces han manifestado en este proceso una evidente predisposición a defender la vigencia de la sentencia de condena a la pena de prisión perpetua oportunamente impuesta a Carrascosa por la imputación de homicidio agravado, habiendo quedado resentida la garantía de imparcialidad”, sostuvo.
Los jueces cuestionados se apartaron y sólo dos miembros de la Corte intervinieron en la apelación. Los otros tres jueces fueron sorteados en la Cámara Civil y Comercial.
Por eso es que el crimen más resonante, misterioso y complejo de la historia reciente acaba de ser resuelto con el voto de tres especialistas en derecho comercial y civil. Sólo uno de ellos, la jueza Ana Bourimborde, consideró que la absolución había sido “arbitraria” y que correspondía que un nuevo tribunal revisara todo. La mayoría votó lo contrario.
Ahora, Carrascosa y su familia aguardan que esta resolución no sea apelada y quede firme para, entre otras cosas, pedir un nuevo juicio político contra Molina Pico.
“El fiscal Molina Pico debe ir a un jury porque hasta llegó a inventar pruebas avalado por jueces”, señaló este viernes Irene Hurtig, medio hermana de María Marta.
Y Molina Pico tendrá que volver a aquel día. Después de haber elevado la primera parte de la causa a juicio, en febrero de 2004, quedó sin puesto fijo. Estuvo subrogando distintas fiscalías hasta que se produjo el debate contra Carrascosa, en 2006. Al año siguiente lo enviaron a una fiscalía de Juicio y estuvo allí tres años. Los siguientes 7 estuvo como fiscal de instrucción en El Talar de Pacheco y, desde 2017, es fiscal de juicio para Tigre y Pilar.
A diferencia de otros que intervinieron en el expediente, nunca recibió ascenso alguno. Vive en la misma casa que en 2002, tiene un Renault Sandero y, cuando puede, da clases. Quiso ser camarista, pero no lo logró. A los 52 años, dicen sus amigos, duerme tranquilo. ■
Diego Molina Pico fue el fiscal que investigó el crimen de María Marta desde el primer día. Quieren enjuiciarlo.