Cristina, ¿culpable o incompetente?
El escándalo por los “cuadernos de las coimas” no resquebraja la confianza de los fieles de Cristina Fernández. El caso lleva 68 días de exposición pública. La muy mala situación de la economía tampoco hace mella en el núcleo de la sociedad que respalda a Mauricio Macri. El fin del gradualismo y el severo ajuste han consumido cinco meses. Las verificaciones coincidentes corresponden a las consultoras Isonomía y Federico Aurelio.
La primera novedad resulta grata para la ex presidenta. Aunque represente un obstáculo objetivo para la construcción de una alternativa electoral del peronismo dialoguista. De todos modos, se trata de una foto: el frente judicial de Cristina y su familia se complica cada semana. El año próximo enfrentará cuatro juicios orales. Tampoco el conformismo debiera ser el bálsamo adecuado de Cambiemos. Se avecinan los peores meses de restricción económica. No hay certeza sobre en qué momento podría abandonar la postración.
El peso judicial sobre Cristina empieza a tornarse abrumador. El juez Julián Ercolini elevó a juicio oral y público la causa Los Sauces. Investiga a la ex presidenta y a sus hijos, Máximo y Florencia, por asociación ilícita y lavado de dinero. ¿En qué habría consistido la maniobra? Los Sauces tuvo de principales inquilinos durante una década a Cristóbal López y Lázaro Báez. Entre ambos garantizaron el 86% de la facturación de la empresa inmobiliaria. La sospecha es que detrás de ese porcentaje se ocultaron sobornos correspondientes a la adjudicación de obra pública a aquel par de empresarios K, ahora detenidos.
Algunos expertos siembran dudas sobre la tipificación de la figura de asociación ilícita. Pero nadie se anima a negar la existencia de un delito. Esos negocios ocurrieron antes y durante los ocho años que Cristina ejerció la presidencia. Como mínimo existiría incompatibilidad con el ejercicio de la función pública. Es la única causa, de las seis en que se encuentra procesada la ex presidenta, que podría cobrarse una víctima inmediata de producirse una condena: Florencia, la hija del matrimonio, no posee fueros, a diferencia de su madre y de su hermano.
Ercolini no es Claudio Bonadio, al cual el kirchnerismo endilga intencionalidad política contra Cristina en varias causas. Entre ellas, la de los “cuadernos de las coimas”. No proviene de la Justicia de los 90. Al contrario, su pliego fue elevado por el Poder Ejecutivo en septiembre del 2004. Durante el primer año de Néstor Kirchner. Como señal de una renovación en Comodoro Py que nunca se terminó de consumar.
Las objeciones contra Bonadio también parecen ir perdiendo consistencia a medida que el escándalo de los “cuadernos de las coimas” progresa. Las cifras de la investigación resultan asombrosas. Se computan 43 procesados, divididos en 18 ex funcionarios K y 25 empresarios. Varios de firmas poderosas. Existen 19 detenidos, que no incluyen a la ex presidenta por la protección de los fueros. Doce de aquellos son ex funcionarios K. Otros seis, empresarios. Hay 68 imputados de los cuales 24 resolvieron acogerse a la ley del arrepentido con el fin de amortiguar posibles condenas.
Frente a esas evidencias el kirchnerismo sigue recurriendo a argumentos defensivos que empiezan a vaciarse de credibilidad. Se insiste, por ejemplo, con la dudosa validez probatoria de las fotocopias de los cuadernos. Pero aquella duda sería barrida por la marea de implicados que aceptaron la comisión de delitos. Existe algo más en poder de Bonadio: son 57 videos que acompañan las anotaciones del chofer Oscar Centeno sobre la entrega de bolsos con dinero en la Casa Rosada, la residencia de Olivos y el departamento de los Kirchner en Recoleta. En esas filmaciones se observan a varias personas que son piezas clave de la historia. Entre ellas Roberto Bara- tta, mano derecha de Julio De Vido. También al propio ex ministro de Planificación. ¿Qué dudas podrían caber, entonces, sobre el momento en que fueron hechas las anotaciones y filmaciones?
La otra cuestión bajo la lupa kirchnerista refiere a los arrepentidos. Cristina repite que se aplica esa ley con carácter extorsivo. Con el objetivo de perjudicarla. Los acuerdos de colaboración no son un trámite improvisado o caprichoso. Se aplicaron en la causa Ciccone. Rige además para la Ley Penal Tributaria. Deben respetar un protocolo. Las solicitudes surgen siempre de parte de los abogados de los imputados. Negocian con el juez y los fiscales. Después de dicho paso entran en la conversación los propios imputados. La homologación corre por cuenta exclusiva del juez. ¿Alguien puede imaginarse al abogado de un poderoso empresario negociando el arrepentimiento de su defendido por un delito que nunca cometió? El mismo interrogante cabría para los ex funcionarios K. ¿Qué razón extraña podría tener uno de los secretarios históricos del matrimonio recientemente detenido (Fabián Gutiérrez), para aceptar ahora la comisión de delitos después de haber sido sobreseído en 2011 por el mismo Bonadio en una causa por enriquecimiento ilícito?
El juez procesó y pidió la detención de Cristina por considerarla presuntamente jefa de una asociación ilícita ligada al cobro de coimas por la adjudicación de obras públicas. Podrían caberle entre tres y diez años de prisión. Bonadio debe ventilar aún la conectividad entre los cuadernos de Centeno y el testimonio de los involucrados con algún hecho concreto. Pero cualquiera sea el destino de la figura jurídica que le corresponda finalmente a la ex presidenta, queda en evidencia que durante su ejercicio del poder habría funcionado una enorme matriz de corrupción en el país. Inédita desde la recuperación de la democracia en 1983.
En este punto el problema ingresa en un terreno político. Si se parte de la presunción de su inocencia. ¿Pudo Cristina desconocer la existencia de semejante maquinaria debajo de sus pies? ¿Fue jefa de una banda delictiva, cómplice o incompetente? No hay aún una respuesta definitiva. Aunque no estaría mal recorrer antiguas huellas. El 23 de julio del 2008 se produjo un episodio que conmocionó esa época: la renuncia de Alberto Fernández como jefe de Gabinete. En su texto respetuoso de despedida de cuatro párrafos explicó “la certeza de que se abre una nueva instancia en su gobierno, en la cual usted pueda con- tar con un nuevo elenco de colaboradores para enfrentar la etapa”. Fernández no explicitó en ese papel algo que pensaba. Para la salud del Gobierno, la entonces presidenta debía deshacerse por lo menos de De Vido (en su equipo estaba José López, el de los bolsos con millones) y de Guillermo Moreno. El ex funcionario sigue pensando de igual manera. Se lo recordaría a Cristina, a quien volvió a frecuentar. Moreno renunció a la Secretaría de Comercio recién en noviembre del 2013. Fue premiado con una agregaduría en la Embajada en Italia. Donde reanimó la vieja amistad con Francisco, el papa. Todos los demás siguieron.
El peronismo parece estar, como se observa, en una encerrona. Cristina continúa siendo la dirigente más popular. Aunque sobrevuelan en torno de ella los fantasmas del dolo o la incompetencia. Nada indica que tenga voluntad de abdicar su candidatura para el 2019. Algo que, por ahora, representa un escollo para el PJ que pretende ofertarse como variante electoral a la misma distancia de la ex presidenta que de Mauricio Macri.
La situación judicial de Cristina detonó una mini crisis en Cambiemos. La mecha fue encendida por el ministro de Justicia. Germán Garavano opinó que no sería bueno para un país tener a sus ex presidentes en prisión. Cuestionó también la aplicación de las preventivas. Una opinión propicia, tal vez, para el ámbito académico. Difícil de entender, en cambio, en un contexto donde se aguarda una cosa y sucedió otra. La Sala II de la Cámara Federal debe resolver el pedido de prisión preventiva que Bonadio dictó contra la ex presidenta por los “cuadernos de las coimas”. La Cámara de Casación Penal absolvió a Carlos Menem en la causa por el tráfico de armas a Croacia y Ecuador. Que se inició en 1995. Es decir, hace 23 años. Liliana Catucci, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, con matices, optaron por decretar la prescripción por no cumplirse el “principio del plazo razonable”. Un golpe que el desacreditado Poder Judicial se ha dado a sí mismo.
Elisa Carrió no creyó que los enunciados de Garavano fueran una casualidad. La diputada enhebra al ministro con Daniel Angelici, presidente de Boca y operador clandestino en la Justicia. Fogoneros, junto a Marcos Peña y Jaime Durán Barba, del plan para sostener a toda costa a Cristina en la grilla electoral. La líder de la Coalición venía recargada: nadie le pudo sacar de la cabeza que su fracaso para conducir la Bicameral de Seguimiento y Control de los fiscales fue un complot peronista con guiño oficial.
Carrió pidió juicio político contra Garavano y los jueces de Casación. Mucha polvareda para Cambiemos. La posible impunidad para Cristina tiene otros soportes, amén de las supuestas intenciones del Gobierno. El peronismo en el Senado –lo ratificó Miguel Angel Pichetto—no modificará su postura de considerar el desafuero sólo con sentencia firme. No la habrá en el 2019. El fallo sobre Menem asemeja a un símbolo acabado de cómo el Poder Judicial eterniza los tiempos y consagra perdones.
Macri tendría que preocuparse seriamente por hacer algo frente a esa realidad. Si la economía le sigue resultando esquiva, no debe soslayar el activo que aún representa la demanda social de transparencia.
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Ercolini elevó a juicio oral la primera causa de corrupción que compromete a Cristina y a sus hijos. Los cuadernos siguen dando revelaciones.