Es ley la urbanización de más de 4 mil barrios en el país
Más de 4 mil barrios populares, asentamientos de emergencia y villas, en los que viven unas 3,5 millones de per- sonas sin acceso a agua corriente, a red cloacal, y el 70 por ciento sin acceso formal a la energía eléctrica, tienen ahora luz verde para que se pueda avanzar en su urbanización. Este miércoles, por amplia mayoría, el Senado sancionó la ley de urbanización de estos barrios, que propone la expropiación de tierras y regularización de los títulos de propiedad para las alrededor de 850 mil familias que habitan en ellos.
La iniciativa que había tenido apro- bación por unanimidad en mayo pasado en Diputados, fue votada dentro de un paquete de leyes consensuadas, sin debate ni discursos, durante la sesión que arrancó picante por la discusión de los cargos extra en las facturas de gas. En el Senado hubo amplio apoyo a este proyecto social, con excepción de senadores peronistas de Formosa y de La Pampa que argumentaron que no se consideraba el federalismo, por las tierras también municipales y provinciales sujetas a expropiación.
El proyecto original fue presentado en Diputados por el oficialismo, pero tuvo rápido apoyo de todos los sectores y de las organizaciones sociales con predicamento en los barrios, que se erigieron en actores clave del censo realizado en todo el país para conocer la situación de esos asentamientos y sus habitantes. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, defendió el proyecto activamente.
En el Senado el macrista Esteban Bullrich y el justicialista correntino Pedro Braillard Poccard dejaron sentado que"ameritaba" -así lo expresó Bullrichdar discursos para defender una ley de esta relevancia.
La ley de urbanización o regularización dominial alcanza a los barrios y asentamientos identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), un total de 4.228 asentamientos, en ciudades de más de 10 mil habitantes de todo el país. El relevamiento se hizo a lo largo de 2016 y 2017, y su avance tuvo el apoyo de referentes sociales como Juan Grabois, de la CTEP, y del Movimiento Evita.
La ley suspende en todos esos barrios ahora inscriptos en el Renabap, los desalojos por dos años y permite la regularización dominial de las viviendas en favor de las familias que las habitan. Para la integración “sociourbana” declara de utilidad pública y sujetos a expropiación las tierras donde se asientan esos barrios. También faculta al Ministerio de Desarrollo Social a implementar con las provincias y los municipios proyectos para esa integración. Por su parte, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que depende del Ejecutivo, queda facultada para llevar adelante las expropiaciones que corresponda hacer.
El reconocimiento de la titularidad o escritura sobre el terreno o la vivienda que habitan esas familias fue destacado durante el debate como un paso central para empezar a terminar con la precariedad, y dar acceso a infraestructura y servicios básicos. En el extenso trabajo de dos años que se hizo desde la cartera de Desarrollo Social se estableció que el 55% de los barrios populares son anteriores al año 2000. Sólo el 16% de sus habitantes, que vive en condiciones extremas en muchos casos, tiene trabajo en blanco (el 22% está en negro); el 34% busca trabajo, un 38% sólo estudia y el 24% no estudia ni busca trabajo. la población es joven: el 40% tiene menos de 29 años. ■