El ajuste amenaza el contrato social
Es claro que la situación social está empeorando mucho en nuestro país. El INDEC marca un aumento significativo de la pobreza al 30 de junio que, sin dudas, se va a agudizar en la próxima medición que abarcará al segundo semestre de este año. Lo mismo pasa con los niveles de desocupación que marcan, entre varias cuestiones, que cada vez más gente busca trabajo porque los ingresos no logran cubrir lo que requieren las familias.
Es evidente que hay más personas en los comedores comunitarios y más chicos que se quedan a comer en las escuelas. El sobreendeudamiento de las familias es otro punto que se va generalizando: como los costos fijos suben permanentemente (por los aumentos de tarifas, alimentos, medicamentos, transporte) y al mes le sobran varios días, las familias se endeudan pateando el pago de la tarjeta, tomando crédito en la financiera de la esquina al 180% anual, en el financista del barrio o en el que vende droga, que tiene billetes y termina dando crédito en los barrios más críticos del país.
El mercado de trabajo se va desacomodando. Los que tienen trabajo formal acceden a paritarias que, sin dudas, pierden varios puntos frente a la inflación. Los trabajadores informales, los cuentapropistas y los que hacen changas la tienen peor porque el parate de la economía los lleva a trabajar sólo un par de días por semana y, entonces, tienen menos ingresos que el año pasado y costos cada vez más altos. Los comerciantes, las pymes y todos los que están asociados al consumo interno venden menos, tienen costos fijos altos y terminan cambiando cheques o buscando financiamiento en las peores condiciones.
El Gobierno aumentó la cobertura social y tiene diálogo permanente con las organizaciones sociales, las Iglesias y los diversos dirigentes que le ponen el pecho a la crisis en los barrios.
Sin embargo, los planes sociales dejaron de ser colchón por la inflación y el aumento permanente de los alimentos: la Asignación Universal por Hijo representa poco más de $1.600 por hijo; quienes participan en Cooperativas de Trabajo tienen ingresos de poco más de $5.000. El Gobierno refuerza las partidas alimentarias y genera transferencias adicionales, pero el problema central es que los alimentos suben de precio permanentemente, más aún las segundas y terceras marcas.
El problema económico impacta de varias formas en la vida cotidiana y se generaliza un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. La tensión cotidiana, las dificultades económicas derivan en depresión (con muchos que bajan los brazos sin saber qué hacer) o en violencia cotidiana. Así, cualquier conflicto escala rápido y termina a los tiros o a los golpes porque hay mucha gen- te sacada y con bronca. La Argentina no es, ni cerca, la de 2001, no va camino a una explosión social, pero sí está frente a un fenómeno de implosión social con muchos argentinos que se van desacomodando porque no ven claro en dónde están parados o hacia dónde van caminando.
El contrato social se está rompiendo por la suma de crisis económica y falta de horizonte. Una parte de la sociedad se desenganchó, dejó de tener expectativas en el Gobierno pero no cree en nada ni en nadie de la política. Es más grave que una crisis de representación o de la política, lo que hay es una sensación de vacío, de desenganche y la idea de que el Estado se corrió y que cada uno tiene que encontrarle la vuelta como sea.
En este esquema de quiebre del contrato social, cada uno busca los caminos que puede y, así, sale lo mejor y lo peor: el pibe que pone todas las pilas al estudio porque ve por allí el camino; el que vende droga porque todas las alternativas se le cerraron; el que busca en el trueque una forma de acceder a bienes que ya no logra con los pocos billetes que tiene; el que participa activamente para hacer visible sus necesidades y el deterioro que se vive en los barrios.
Esta emergencia requiere de políticas públicas que le pongan ya un piso a la caída social. Regular, controlar el precio de los alimentos es la primera política pública. Tomar los 11 productos de la Canasta Básica y establecer un precio sostenido es lo mínimo que se requiere en este contexto. No se trata de regular el conjunto de la economía ni de promover un modelo intervencionista, se trata de entender que estamos frente a una aguda crisis social y que las familias tienen que tener claro qué se compra en el supermercado o en el almacén con $500 o con $1.000.
También es necesario, ya, generar un sistema de crédito no bancario que le ponga un límite a las tasas usurarias que pagan las familias y les permita acceder a máquinas y herramientas a las personas que hacen changas o son cuentapropistas. Se trata de generar un Fondo (presenté un proyecto en el Congreso para tomar $12.500 millones) para que el carpintero acceda a una sierra circular, el pibe que tiene un taller mecánico en su casa acceda a un scanner y una computadora y quien cose ropa en su casa tenga la máquina para hacerlo.
Finalmente, es clave concentrar la obra pública en la infraestructura básica, en los servicios básicos, la vivienda social y las obras pequeñas que son generadoras de empleo masivo. Poner el foco en obras “mano de obra intensivas” y en el empleo de los jóvenes es imperioso para generar el ingreso que les falta a las familias.
No se trata de una crisis más, no es sólo una pérdida de ingresos, es la sensación de mucha gente de no saber dónde está parada y hacia dónde puede ir. Hay un vacío profundo entre la sociedad, el Estado y la política que todos (quienes gobiernan, quienes somos opositores, quienes trabajan cotidianamente en los barrios) tenemos que ayudar a cerrar. ■