El Estado deberá intervenir ante denuncias de abuso de menores
Desde ahora, el Estado nacional está obligado a intervenir en las denuncias de abuso sexual de niñas y niños. Es porque el Senado aprobó por unanimidad y convirtió en ley ayer un proyecto que modifica el artículo 72 del Código Penal, estableciendo que estos delitos sean de instancia pública. Es decir, el Estado los puede investigar sin que los padres ratifiquen la denuncia.
La situación hasta ahora frente a este tipo de denuncias era que la Justicia sólo actuaba si había una ratificación del responsable parental. Pero esto no solía ocurrir porque los casos de abuso sexual infantil suceden en la mayoría de los casos en el propio ámbito familiar, y de allegados.
El proyecto pertenece a la diputada por la Ciudad, Carla Carrizo (Evolución radical). Con esta ley, el abuso sexual infantil pasa a ser un delito de acción pública dependiente de instancia pública y la Justicia podrá investigar sin necesidad de que aquellos que están a cargo de los niños (padres y también tutores) ratifiquen la denuncia.
“Se trata de un gran paso para la infancia. El propósito es que los delitos no queden impunes y que el Estado actúe como responsable último del bienestar de los niños. El próximo paso es trabajar en protocolos y capacitaciones para operadores judiciales”, dijo Carrizo.
“Hoy ponemos en escena la voz de los protagonistas de esta lucha en defensa de los niños porque necesitamos que se haga justicia con las víctimas de abuso antes de que sean adultos”, añadió la legisladora radical.
En el Senado, el proyecto fue incluido dentro de un paquete de leyes que fueron votadas en la sesión de ayer por unanimidad o amplio consenso, todas a la vez, sin debate ni discursos.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños sufren abuso sexual antes de los 18 años. En tanto, se denuncia aproximadamente el 10% de los casos y se condena menos del 1%. En el 90% de los casos, el abusador es alguno de sus familiares varones.
Hay una iniciativa complementa- ria, que aguarda en la Cámara de Diputados: protección a los profesionales de centros educativos, de salud o de acompañamiento, que hoy están obligados a denunciar. La garantía para que lo hagan es reservar su identidad como denunciantes y eximirlos del secreto profesional y de responsabilidad legal, para que no sea tan fácil recibir represalias por haber denunciado un delito cometido contra niñas o niños. ■