El rol tutelar del Estado y la educación sexual
El eslogan “Con nuestros hijos no” desconoce el rol tutelar del estado sobre el conjunto de los habitantes de Argentina. Ese rol legal constitucional implica que cada individuo no tiene un ejercicio absoluto de su libertad sino una libertad limitada y moldeada por ciertos preceptos constitucionales y por tratados internacionales.
La capacidad de decisión de cada individuo no puede obviar decisiones colectivas que definen qué tipo de sociedad quiere un país. Para ello existen armas legales y judiciales que protegen simultáneamente los derechos de las minorías y los derechos humanos que amparan al conjunto de la sociedad.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el tratado más ampliamente ratificado en la historia. En él se establecen una amplia gama de disposiciones que abarcan derechos y libertades civiles, el entorno familiar, la salud básica y el bienestar, la educación, la recreación, las actividades culturales y las medidas especiales necesarias para su protección. La Convención contiene varios “principios fundamentales” que sustentan todos los demás derechos de la infancia. Como dice UNICEF, el interés superior del niño debe ser una “una consideración primordial” en todas las medidas y decisiones que le atañen, y debe utilizarse para resolver cualquier confusión entre los diferentes derechos. Que ese rol tutelar genere protestas airadas por falta de comprensión sobre las políticas públicas, parece sorprendente a esta altura del siglo XXI. Desde familias que se niegan a vacunar a sus hijos, a familias que se niegan a que sus hijos reciban educación sexual integral, hace sospechar una mentalidad sectaria que no se resigna a las reglas de juego comunes. Así, negar la educación y la salud a los chicos y chicas argentinas es adoptado por sectas y grupos de fanáticos que proliferan en el país amparándose en sus derechos como padres.
He aquí que los menores no son una propiedad de los padres, como desgraciadamente ocurría en la Edad Media, donde había un proceso de muñecas rusas, los padres eran dueños de los hijos y los señores dueños de los padres, las mujeres propiedad de los hombres y así podríamos enunciar una inmensa cantidad de cuestiones horribles relativas a esa posesión, que han sido parte de la historia humana durante siglos.
Nada dice que el mundo sea un lugar her- moso ahora, en estos años crudos, con guerras y crímenes de lesa humanidad, pero hemos progresado en comprender que el Estado puede ayudar a hacer la vida de las personas más sana y más plena, se han cambiado los conceptos sobre los niños y las niñas y estamos todos alerta sobre el abuso y la violencia.
Pero algo falta, y esa piedra de toque es particularmente compleja. Para que la tutela mencionada sea realmente eficaz debe desplegarse en todo el territorio, debe penetrar estructuras que parecen impermeables, debe tener desde trabajadores sociales a psicopedagogos, abogados y psicólogos que intervengan en situaciones que violan los principios garantizados por la Constitución. Vemos diariamente situaciones donde los chicos no son sujetos de derechos, absorbidos por padres que definen otros destinos para ellos que van desde la prostitución infantil al fanatismo religioso que les impide interactuar con sus pares, recibir transfusiones o tener acceso a una educación básica.
El esfuerzo de las instituciones públicas debe ser sostenido, valiente y movilizar todas sus herramientas para asegurar que se cumplan los derechos de los menores. Ellos no pueden defenderse por sí solos. ■