Carrió insiste en apuntarle a Garavano y al primo del Presidente
Reclamos. Más allá de las bromas, la diputada quiere la renuncia del ministro de Justicia. E insiste en que Angelo Calcaterra “tiene que contar todo lo que sabe”.
Pese a que había dicho que era una broma, la líder de la Coalición Cívica dice que presentará esta semana el pedido de juicio político contra el ministro de Justicia. Y presiona para que Macri le dé una respuesta concreta por el papel de Ángelo Calcaterra en las coimas K.
Las palabras, los actos, o los gestos públicos que se conocen de la dirigencia política pueden o no ser coincidentes o lineales con acciones que transcurren en otras dimensiones. En ámbitos privados del poder, acontecimientos diferentes, o similares, aunque no siempre iguales, de los que llegan al sector de la sociedad que sigue las informaciones sobre impacto coyuntural. El presidente de la República, Mauricio Macri, y la diputada nacional Elisa Carrió, por ejemplo, no solo están confrontando -con civilidad y respeto- porque ella inició un embate contra un funcionario que él respalda, el ministro de Justicia, Germán Garavano.
Macri y Carrió, o viceversa, chocaron, sin que trascienda demasiado, sobre otro aspecto más sensible para el Presidente: el devenir judicial de su primo hermano, Ángelo Calcaterra, ex dueño de la constructora IECSA. En la última reunión que Carrió tuvo cara a cara con Macri, ella sinceró lo qué pensaba del familiar presidencial, que admitió en una declaración en la causa de los “cuadernos K”, acogiéndose a la figura de arrepentido, que había pagado dinero en negro al funcionariado K que dependía del ex súper ministro Julio De Vido. “Tu primo se tiene que arrepentir más, tiene que contar todo lo que sabe, o va a terminar preso”, fue la frase brutal que escuchó el Presidente como alerta positiva de su principal aliada partidaria, según fuentes que conocieron de primera mano el contenido de ese diálogo.
Macri no la contradijo, pero tampoco asintió del todo. El verdadero intríngulis que inquietó el vínculo entre él y ella, entonces, es IECSA y Calcaterra.
Carrió le confirmó a Clarín que el verdadero intríngulis es otro: “El problema es IECSA. Hay una línea de impunidad dentro del Gobierno que quiere incluir a esta empresa que manejaron Franco Macri y Ángelo Calcaterra”. Carrió aclaró que está convencida que el Presidente no tiene responsabilidades en la posible trama ilegal de un ex compañía de su familia.
En su última charla con Macri, también le habló sobre otro tema que la preocupaba. Le dijo que desde el oficialismo se habría impulsado en los tribunales una denuncia contra el fiscal Federico Delgado: lo defendió.
La verdadera niebla que es la que nubla la visión entre la Casa Rosada y Carrió, sin embargo, es IECSA. La AFIP, al mando de Leandro Cuccioli, presentó documentación sobre IECSA en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
El magistrado, junto al fiscal Franco Piccardi, investiga los posibles sobornos que esa empresa le habría pagado a la gestión Kirchner para lograr adjudicarse una obra pública monumental: el soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
Según fuentes judiciales, y también del propio Gobierno, el trabajo que la AFIP realizó sobre el tema complicó aun más la situación procesal de Calcaterra.
Para ganar la obra del Sarmiento, la ex empresa de la familia del Presidente había conformado una unión transitoria de empresas con la constructora brasileña Odebrecht, la italiana Ghella y COMSA.
Clarín pudo saber que la documentación que el Estado le entregó a la Justicia involucraría a la firma que Calcaterra con el pago de coimas a la gestión K y Odebrecht.
Los papeles que estudiaron Piccardi y De Giorgi indican que IECSA, junto a la pagadora serial de coimas a nivel regional, Odebrecht, y al resto de sus socios en este emprendimiento, formaron una sociedad llamada DSC.
Esa firma habría pagado al menos 4 millones de dólares supuestamente a una cuenta en un banco de Andorra.
La tesis del fiscal y del juez es que esa plata de DSC era en realidad el pago de sobornos a funcionarios K aun no identificados. A esa información se le suma otra que complicaría aun más a Calcaterra. Quien figura autorizando esos pagos como supuestos contratos de consultorías parala UTE de IECSA, es uno de los principales directivos que trabajó en las empre-
sas de los Macri, Santiago Altieri.
Según reveló Perfil, Calcaterra admitió que esas transferencias a Andorra existieron, pero los desligó de cualquier delito. En la Justicia no piensan lo mismo. Carrió tampoco.
La diputada se había enfrentado a la AFIP antes de que se conozca este informe. Carrió presentó un pedido de acceso a la información ante ese organismo.
Luego se reunió con Leandro Cuccioli: buscaba saber si aun trabaja allí lo que describió como “una red” que “sigue encubriendo y proporcionando impunidad a funcionarios del Go
bierno saliente”, entre otras cosas. Mencionó como líder de “esa red” al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray.
Carrió se encontró con Cucciolli y pidió que no fueran desplazados de sus cargos funcionarios actuales que ella considera “héroes” por su lucha contra la corrupción K, como el ex director general de la DGI, Horacio Castagnola, Carlos Bo y Jaime Mecikovsky.
La diputada estaba convencida de que serían removidos de sus puestos para garantizar protección a IECSA.
Cuccioli cambió su parecer y no los despidió: cambió de puestos a Mecikovsky y Bo. Castagnola decidió renunciar. Hoy, Carrió dice que Cuccioli es un “excelente” funcionario.
Como ya se dijo, el caso IECSA-Carrió quedó solapado en los últimos días por el affaire con Garavano.
El jueves pasado, en un acto con anuncios sobre beneficios para PYMES, realizado en el Centro Cultural Néstor Kirchner, Macri y Carrió se vieron, pero se saludaron solo con un beso y sin palabras.
Ella había dado un discurso antes que el Presidente. Entre risas y alegre, dijo: “Voy a amigarme con el Presidente cuando lo eche a Garavano”. La frase generó estrépito en la Casa Rosada.
La diputada quiso distender esa crisis y escribió en su cuenta de tuiter que pospondría el juicio político contra el ministro: redactó en esa red social que lo que había dicho sobre Garavano había sido “una broma”.
La diputada contraatacó ayer ante Clarín: “A veces las bromas se dicen en serio”. De hecho, ya firmó el pedido de juicio político contra el ministro. Entre otras cosas, lo acusa de haber hecho declaraciones que podrían ser una intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Judicial en momentos decisivos para la causa de los “cuadernos K”, y sobre todo ante la posible detención con prisión preventiva de la ex presidenta y actual senadora aforada Cristina Kirchner.
Quien debe resolver esa situación es la Cámara Federal.
La diputada objeta al ministro, también, por su rol en el juicio por encubrimiento de la causa AMIA. Y hasta lo denuncia por haber contratado en su ministerio -aunque sea ad honorem- a la ex Procuradora de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, ex abogada de Aníbal Fernández.
En rigor, Carrió ya había presentado acusaciones contra el funcionario por el caso AMIA ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos. Ella cree que debe dar ahora lo que llama “la lucha contra la impunidad” dentro de Cambiemos. Y está convencida de que debe hacerlo ahora. “Hacerlo más adelante sería un error”, repite en la intimidad.
Con Macri no volvió a hablar. ■
“El problema es IECSA. Hay una línea de impunidad dentro del Gobierno”.