Un juez con causas abiertas que fue director de un cementerio

Luis Carzoglio es el juez de garantías de Avellaneda que tiene que definir si el jefe camionero Pablo Moyano termina preso en la causa que investiga una defraudación millonaria en el Club Independiente. El juez lo acusa de ser jefe de una asociación ilícita que trianguló millones del club en el que el sindicalista es vicepresidente.

De militancia peronista, llegó a juez en el 2007 con apoyo del ex intendente de Avellaneda, Baldomero “Cacho” Álvarez de Oliveira , pero le costó asumir porque se demoró en presentar el certificado del registro Nacional de Reincidencias y de la Dirección de Antecedentes Personales de la Policía Bonaerense.

Antes de ser juez, Carzoglio se desempeñó como director del Cementerio Municipal de Avellaneda. El cargo le llegó por su larga militancia en el PJ y sus buenos vínculos políticos, aseguran en la Justicia bonaerense.

A pesar de ser juez, Carzoglio también tiene problemas con la Justicia. La fiscalía de Delitos Económicos e Institucionales pidió que lo indaguen como acusado en dos casos de presunta falsedad e documentos públicos. Habría confeccionado actas truchas para justificar la presencia de imputados en su juzgado cuando nunca habrían estado. En esa causa la fiscalía pidió que se forme un Jurado de Enjuiciamiento, el paso previo al juicio político.

Además, acumula dos sumarios en la Secretaría de Control Disciplina- rio de la Corte de la Provincia. Uno porque le habría otorgado la libertad a detenidos que no estaban bajo su jurisdicción.

El otro sumario lo presentó la Asociación Judicial bonaerense -gremio que agrupa a los judiciales-. Lo acusan de haber protagonizado supuestos hechos de violencia contra el personal de su juzgado.

Carzoglio tiene otro expediente que rodea al club Independiente. Es la causa de los presuntos abusos en las inferiores a jóvenes que se entrenaban en la instirución. En septiembre, Carzoglio excarceló al árbitro Martín Bustos, al relacionista público Leonardo Cohen Arazi y al representante Alberto Amadeo Ponte, acusados de los supuestos abusos. La polémica medida fue cuestionada incluso por el Procurador provincial Julio Conte Grand. ■