Clarín

El agua tóxica en la salud de los argentinos

- Norma Cadoppi Presidenta del Foro Estratégic­o para el Desarrollo Nacional

En el mundo, los sanitarist­as afirman que una cañería de agua potable hace más por la salud de la población que los avances de la medicina, y como médica oncóloga coincido con ellos en este concepto. El arsénico es un veneno legendario presente en la corteza terrestre, prácticame­nte de todo el continente americano, a lo largo de la cordillera de los Andes y en diversos países, entre ellos la Argentina. Su presencia en el agua de riego daña la salud, la producción y las economías regionales, y la única manera de prevenir es poder consumir agua sin arsénico.

La enfermedad provocada por la ingestión continua de agua con contenidos de arsénico se llama Hidroarsen­icismo Crónico Regional Endémico. Se trata de una enfermedad grave, que una vez instalada es responsabl­e de un daño irreversib­le que produce en algunos órganos vitales de nuestro cuerpo, y genera efectos carcinogén­icos responsabl­es del cáncer de piel, de vejiga, próstata, estómago, colon, y mucho menos frecuente de hígado y pulmón. También produce efectos aún más negativos que el cáncer, como enfermedad­es del sistema nervioso y vascular, produciend­o gangrena en extremidad­es, insuficien­cia coronaria, hipertensi­ón arterial, y en el embarazo y la lactancia, puede ocasionar consecuenc­ias adversas sobre la reproducci­ón y el desarrollo fetal.

Hoy se sabe que afecta a 17 provincias argentinas, y se estima que la población que habita en áreas con aguas arsenicale­s es de alrededor de 4.000.000 habitantes. En la Provincia de Buenos Aires, el 80% del territorio posee niveles de arsénico superiores al nivel apto para consumo humano. Los casos de Bolívar, 9 de Julio, Pehuajó, Carlos Casares, Bragado, Alberti, Chivilcoy, Junín y Chacabuco, no son lugares aislados. Son las principale­s localidade­s en las que el problema es conocido porque los vecinos también se movilizaro­n. Pero son muchas más las que tienen el arsénico en niveles altos y todavía no saben que están consumiend­o un líquido que les puede causar, entre otras cosas, cáncer.

En nuestro país se imponen los conocimien­tos que poseemos, las responsabi­lidades que re- clamamos al Gobierno nacional, y por su intermedio a las Provincias y Municipios, y el compromiso social en la toma de conciencia, ya que se trata de una condición sanitaria que debemos revertir.

Con urgencia se requiere la pronta evaluación de los proyectos e iniciación de obras con una agenda que permita el control de su realizació­n. También, asumir la responsabi­lidad asignada para cumplir con el principio del derecho a la salud, que se basa en el derecho a una vida digna.

No es solo el compromiso por la salud humana, sino también por la necesidad de lograr la eficiencia económica para disminuir los gastos sanitarios y consecuenc­ias en la productivi­dad económica de las poblacione­s afectadas.

El desafío que se nos presenta a los sanitarist­as y a los gobiernos es brindar a la población agua potable y cloacas, generar energía con menores emisiones de gases efecto invernader­o, lograr comunidade­s sostenible­s, y que sea delito atentar contra la salud y el medio ambiente. ■

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