Un nuevo impuesto genera roces entre el campo y el Gobierno

Los inmuebles rurales pagarán bienes personales. Los ruralistas hablan de doble imposición.

Aunque admiten que la presión impositiva es menor a la que regía en tiempos de Cristina Kirchner, un nuevo impuesto caldeó los ánimos del campo. A tal punto, que no sólo se critica al Gobierno en voz alta sino que hay agendadas asambleas que ya empezaron entre tamberos. En esos encuentros de pura catarsis, “las bases reclaman acción”, dijo a Clarín Carlos Achetoni, el flamante titular de la Federación Agraria, un moderado productor mendocino de uvas, damascos, ciruelas y duraznos. Achetoni reconoce que en retenciones, entre el 33% del tope que regirá para la soja y el equivalente a 12% para los otros cultivos, se paga menos que durante el Gobierno anterior. “Al agregar a los campos vamos a estar parejos. Es un golpe para un sector que genera dólares en vez de corridas cambiarias”, amplió.

Lo cierto es que el fin de la exención a los inmuebles rurales del impuesto a los bienes personales, también conocido como el impuesto a la riqueza, generó una grieta con el oficialismo tranqueras adentro. La iniciativa, que el Congreso está a punto de aprobar, es una compensación a las provincias tras la eliminación del Fondo Sojero. De acuerdo con el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), que dirige Nadín Argañaraz, el tributo alcanza a las propiedades rurales que se arrienden para su explo- tación por terceros. “Esta modificación aparece como lógica, ya que cuando se derogó el impuesto a la Ganancia Mínima Presunta, que alcanzaba a esos bienes, esos inmuebles quedaron fuera de toda imposición al patrimonio, ocasionando desigualdad respecto a los inmuebles urbanos alquilados, que tributan bienes personales”, señaló Iaraf.

La alícuota será plana del 0,25% anual. Por cierto, el impuesto a los Bienes Personales, cobrado a nivel nacional, es coparticipable con las provincias. Claro que, según indica el Iaraf, de la recaudación total de Bienes Personales se extrae 1,9% para el fondo de autarquía de AFIP, $3 millones para el Incucai, 6,27% que se reparte entre las Cajas de Previsión Provinciales y Municipales (en aquellas jurisdicciones que no transfirieron su sistema de seguridad social a la nación) y del resto va 1% para un fondo de adelantos transitorios, 41,64% al Tesoro Nacional y 57,36% Provincias.

Dardo Chiesa, presidente de CRA, tiene una mirada distinta a la de Iaraf. “Los campos son unidades productivas que ya pagan el inmobiliario rural a precios casi de mercado por el revalúo que han encarado casi todas las provincias. Esto es una doble imposición. Decidiremos en conjunto con otras entidades qué hacer”, soltó a este diario.

Por ahora no se habla de protesta. Eso sí, desde el oficialismo temen un efecto bumerán de una medida pensada, precisamente, para aliviar a las provincias, la mayoría gobernadas por la oposición. ■