Quieren expulsar a 4 extranjeros que participaron de la violencia en el Congreso
“Esperamos deportarlos lo antes posible”, dijeron Frigerio y Bullrich. Pero para hacerlo, antes deberán ser condenados por la Justicia. Los cuatro fueron liberados; no tienen antecedentes.
Se trata de un ciudadano turco, un paraguayo y dos venezolanos, presos durante la violencia callejera. Frigerio aseguró que van a deportarlos “lo antes posible”. Y que pedirán un juicio abreviado para acelerar la expulsión. El trámite es complicado. Ayer, los cuatro fueron liberados.
“Esperamos deportarlos lo antes posible”. Casi a coro y tras reunirse con el Presidente, Rogelio Frigerio y Patricia Bullrich plantearon con claridad cuál es la posición del Gobierno respecto a los cuatro extranjeros detenidos este miércoles por los incidentes que ocurrieron en los alrededores del Congreso, mientras se debatía en Diputados el Presupuesto 2019. Pero, más allá de la expectativa oficial que transmitieron los ministros, la movida asoma al menos compleja y depende de diversos factores, principalmente del accionar de la Justicia.
Al referirse a los hechos, Frigerio planteó ayer que el Gobierno busca que la Justicia avance “con un juicio abreviado” para que sean expulsados los cuatros extranjeros acusados de provocar incidentes. Se trata de un ciudadano turco (Baran Anil, de 27 años), otro paraguayo (Luis Fretes, 36) y dos venezolanos (Felipe Uleo, 31; y Víctor Ulea, 23), quienes fueron detenidos durante los disturbios pero ya fueron liberados, al igual que los otros 23 acusados.
“El turco y los venezolanos no son ciudadanos argentinos. Justo estaban por vencer sus posibilidades de seguir en el país. Todavía están bajo la Justicia, pero ya hablamos con el director de Migraciones (Horacio García) y lo más posible es que sean expulsados del país. Que vengan a la Argentina, los reciban con buena onda y estén generando estas acciones violentas, no va”, apuntó Bullrich, una de las que más influyó para que el Presidente firmara el decreto 70/2017, que modificó la ley de Migraciones, para endurecer los controles en la frontera y agilizar las deportaciones de extranjeros que delinquen.
Precisamente, la aplicación de ese decreto está frenada por un fallo de la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que dio curso a un planteo de inconstitucionalidad presentado por el CELS. El Gobierno, por ese motivo, recurrió ante la Corte y explicó que se dictó “para garantizar la seguridad nacional y de la población”. Aunque ya había advertido que el tema podía judicializarse, en el Gobierno no ocultan su fastidio por la demora de la Justicia. No obstante, tanto Frigerio como Bullrich expusieron que Migraciones encontró la forma, con la ley vigente, de agilizar los procesos.
En el caso de estos cuatro detenidos, ninguno tenía antecedentes. En principio, las deportaciones del ciudadano turco, que llegó al país en 2016 y está casado con una ciudadana argentina; y del paraguayo, cuyo primer ingreso al país data de 2008 y tiene un hijo; asoman más complejas que las de los venezolanos, quienes llegaron a la Argentina en abril de este año y se les otorgó la residencia tempora- ria en el marco del plan que el Gobierno trazó para atender la crisis humanitaria que se vive en aquel país. Un dato: el Gobierno investiga si los dos venezolanos pertenecen a servicios de inteligencia chavistas. Tampoco surge de la base de Interpol ningún antecedente político. “Creo que esas cosas se tienen que investigar y se tiene que saber. Si hay una organización vinculada al Estado venezolano que viene a la Argentina a realizar actos de violencia, ya es un conflicto internacional”, señaló el ministro de Justicia porteño, Martín Ocampo.
Con todo, en el Gobierno explican que la deportación depende de la Justicia. La carátula bajo la que fueron detenidos, tal como consta en el sumario policial, es por “atentado contra la autoridad; resistencia, desobediencia y lesiones leves”.
Pero se espera que la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas número 15 de la Ciudad, a cargo de la causa, evalúe las pruebas recolectadas y decida si amplía la acusación. “Creemos que hay material suficiente para que vaya a juicio y se avance rápido”, dijeron fuentes oficiales, que advirtieron que, en el caso de que se encuentre que son responsables de un delito con penas de prisión efectiva, los extranjeros no podrían ser deportados hasta que se cumpla la mitad de la condena. En cualquier caso, para que se realice un juicio abreviado, que se resuelve en horas, se necesita el aval de las defensas de los eventuales imputados. Si se opusieran, el plazo promedio de una causa de este tipo ronda los 6 meses.
Una vez que se expide la Justicia, recién se pone en marcha la instancia administrativa en la que los extranjeros pueden, incluso, judicializar la medida. ■