El juez busca arrepentidos en la causa por la reestatización de YPF
Lijo aceptó a la empresa y a Anticorrupción como querellantes y les propuso que busquen informantes.
El juez federal Ariel Lijo propuso a YPF y a la Oficina Anticorrupción (OA) que negocien la posibilidad de que ex funcionarios K o empresarios españoles o argentinos se acojan al régimen del arrepentido en la causa por el vaciamiento de la petrolera estatal denunciada por la diputada de Cambiemos, Elisa Carrió. En una resolución, a la que accedió Clarín, Lijo aceptó a la actual conducción de YPF y a la titular de la OA, Laura Alonso, como querellantes en la causa contra el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; su mano derecha, Roberto Baratta, y ex directivos de Repsol de España y del Grupo Eskenazi.
Lijo citó la flamante ley de responsabilidad penal empresaria 27.401 que dice que las empresas deberán tener “canales internos de denuncias de irregularidades, abiertos a terceros y adecuadamente difundidos y un sistema de investigación interna que respete los derechos de los investigados”. Fuentes judiciales explicaron que una ley parecida en Alemania puso en marcha la llamada “mani pulite alemana” a partir del caso Siemens y que “sería bueno que la OA e YPF se reúnan con el fiscal Ramiro González o con el fiscal de investigaciones administrativas Sergio Rodríguez y ex funcionarios o directivos de Repsol o el Grupo Eskenazi para saber si alguien se quiere arrepentir”. En el caso Ciccone II, Lijo homologó el acuerdo del fiscal Jorge Di Lello con el ex testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, que permitió avanzar en la causa. Por lo pronto, el juez solicitó al directorio encabezado por Miguel Angel Gutiérrez que podría ayudar a la causa aportando “elementos probatorios, respecto de algunos de los cuales ostentan un grado de proximidad manifiesta, lo que resulta evidenciado a través de los numerosos requerimientos que se han realizado a la empresa”. También, Lijo le solicitó a la actual YPF que “designe a los peritos especialistas que deberán intervenir en el peritaje interdisciplinario que realiza la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO)”.
Además, “deberán informar acerca de las investigaciones internas y denuncias que se encuentren en curso relacionadas con esta causa, iniciadas con anterioridad o como resultado de la implementación de programas de integridad”. En la causa, explicó, se investiga “el supuesto vaciamiento de la empresa por parte de su directorio a través de decisiones empresariales relacionadas con la política de distribución de dividendos, la exploración y explotación de hidrocarburos, el pago de honorarios e irregularidades en la toma de decisiones corporativas” entre 2008 y 2012. Además, si se cometieron delitos en el pago “de las indemnizaciones de miembros del directorio y a Repsol”, luego de la polémica expropiación que hizo Cristina Kirchner en 2012 a libro
El juez espera para fines de noviembre un peritaje clave sobre el pago de dividendos.
cerrado. Mientras tanto, el juez espera que a fines de noviembre los peritos de DAJUDECO le entreguen “la parte contable” de un extenso peritaje que pidió sobre YPF-Repsol para avanzar en el caso.
En el programa de Mirtha Legrand, Carrió había revelado que “el gobierno se presentó como querellante” en la causa que hizo en el 2008 ante el juez Lijo, que es un tema política y económicamente sensible para el Estado argentino. Sucede que hasta ahora un fondo buitre viene ganando un juicio por 4 mil millones de dólares en la Justicia de EE.UU. por las acciones de YPF-Repsol que pertenecían al Grupo Eskenazi -que siempre negó las denuncias de irregularidades-, cuya estatización la ex presidenta se negó a indemnizar. ■