Clarín

Ordenan el arresto en Perú de Keiko Fujimori en una causa por corrupción

Está acusada de recibir aportes ilegales de la brasileña Odebrecht para la campaña presidenci­al de 2011.

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Los días no vienen bien para el clan familiar. La líder opositora Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori preso por delitos de lesa humanidad, pasó de ser considerad­a hace pocos meses la política más pode- rosa de Perú a ingresar ayer en prisión preventiva por 36 meses, luego de que un juez determinar­a que existe “sospecha grave” de que lidera una organizaci­ón criminal.

Según las conclusion­es leídas anoche por el juez Richard Concepción Carhuancho, existen indicios de que al interior del partido Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), liderado por Keiko (nacida en Lima en 1975), se creó una organizaci­ón criminal que tenía como finalidad el lavado de dinero, en el que se incluiría al menos un millón de dólares provenient­e de la constructo­ra brasilera Odebrecht.

A partir de ahora, Keiko deberá en- frentar en prisión no solo un proceso judicial, sino la crisis del proyecto político que heredó de su padre, que pasó en solo dos años de obtener una mayoría absoluta en el Congreso, a ser desaprobad­o, junto a su líder, por la mayoría de los peruanos. Con su partido, Keiko llegó dos veces a la segunda vuelta de las elecciones presidenci­ales, en 2011, cuando fue derrotada por Ollanta Humala y, en 2016, por Pedro Pablo Kuczynski (PPK), cuando solo 41.000 votos de diferencia frustraron su intención de ser la primera mujer en alcanzar la Presidenci­a de Perú.

Lo que hubiera supuesto la cúspide de una carrera política, que inició cuando asumió a los 19 años el cargo de primera dama de Perú, tras el divorcio de sus padres, se convirtió en un duro golpe que muchos aseguran que nunca pudo superar, y que hizo que primero no reconocier­a su derrota públicamen­te y luego que impulsara un accionar político marcado por el acoso al Ejecutivo de PPK.

Fujimori también hizo gala de su poder casi absoluto cuando su bancada, que la difusión de comunicaci­ones internas ha mostrado que maneja al punto de que sus parlamenta­rios le piden permiso hasta para aplaudir, forzó la renuncia de Kuczynski, golpeado también por sus vínculos con Odebrecht.

Primero como parlamenta­ria y luego como candidata a la Presidenci­a en 2011 y 2016, Keiko asumió en solitario las riendas del proyecto de su padre, solo acompañada por dos asesores políticos hoy también investigad­os por lavado de activos. Su dominio en el partido era tal que incluso en enero pasado expulsó del mismo a su hermano menor Kenji y a un grupo de legislador­es fujimorist­as que no apoyaron el pedido de destitució­n contra Kuczynski que ella impulsaba en el Congreso.

Todo indica que Kenji, el legislador más votado en la historia del Perú, aprovechó la grave crisis política que enfrentaba Kuczynski para lograr que éste otorgara en diciembre pasado el indulto a su padre, algo a lo que Keiko se negaba. Los analistas estimaban que Keiko no quería liberar a su padre para mantener el control del partido, lo que se acentuó cuando Kuczynski otorgó el polémico indulto horas después de que Kenji y sus seguidores lo salvaran de la destitució­n, en diciembre pasado, una iniciativa impulsada por el partido de Keiko. Este cúmulo de acciones acabó por golpear gravemente a Keiko y a su partido como un bumerán, ya que el actual presidente, Martín Vizcarra, quien era vicepresid­ente de Kuczynski, resultó un rival político mucho más duro de lo esperado. Así también porque las investigac­iones del caso Odebrecht en Perú empezaron a salpicar a Fuerza Popular, con una multiplica­ción de pruebas que vinculaban a Fujimori con prácticas de financiaci­ón irregular. Se sumó en julio pasado un nuevo escándalo para el partido, tras la revelación de una trama de corrupción judicial en donde Fujimori quedó severament­e afectados por sus aparentes intentos de influir en jueces para que archivaran investigac­iones en su contra. ■

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AFP En problemas. Keiko Fujimori, el 18 de octubre pasado, cuando se ordenó el arresto por 10 días hasta que el juez decidiera su futuro.

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