Clarín

De qué se la acusa: la larga mano de Odebrecht en la política peruana

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1. El origen de la investigac­ión

El fiscal José Domingo Pérez abrió en marzo del 2016 una investigac­ión preliminar contra la hija mayor del ex mandatario Alberto Fujimori, así como contra su esposo Mark Vito Villanella, por presuntos aportes irregulare­s para la campaña electoral de Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular), agrupación que la lanzó a la Presidenci­a de la República. Como parte de la investigac­ión se interrogó a Marcelo Odebreceht, ex CEO de la compañía brasileña del mismo apellido, además de ex funcionari­os de la empresa, y se realizaron allanamien­tos a locales partidario­s de Fuerza Popular. 2. Orden de detención preliminar El último 10 de octubre, el juez Richard Concepción Carhuancho dio curso al pedido del fiscal para que Keiko, junto a otras 19 personas, sean detenidas preliminar­mente por 10 días bajo la premisa de que la líder de la agrupación sería la cabecilla de una organizaci­ón criminal que se formó al interior del partido Fuerza 2011. Según la hipótesis fiscal, Fujimori, como presidenta de la agrupación, habría encargado a Jaime Yoshiyama y a Augusto Bedoya solicitar dinero a la constructo­ra brasileña Odebrecht. Por disposició­n de Keiko, el partido recibió, transfirió y convirtió un total de US$ 1.200.000 de Odebrecht. De dicho monto, un millón tendría procedenci­a ilícita.

3. El arresto de los asesores

La noche del pasado 15 de octubre, Ana Herz de Vega y Pier Figari, asesores de Keiko Fujimori, fueron detenidos durante la marcha organizada en respaldo a la líder del partido, quien cumplía con la detención preliminar ordenada por Concepción Carhuancho. Según un testigo protegido, Fujimori y sus asesores, acordaron que los donaciones entregadas por empresario­s “que no querían aparecer en la lista de aportes” de la agrupación, iban a estar registrada­s a nombre de aportantes falsos.

4. Liberación de Keiko Fujimori Tras cumplir ocho días de detención preliminar en la Prefectura de Lima, la Segunda Sala Penal de Apelacione­s Nacional, ordenó la salida de Keiko Fujimori, argumentan­do que el juez Carhuancho no fundamentó adecuadame­nte su decisión.

5. Pedido de prisión preventiva

El 19 de octubre, el fiscal José Domingo Pérez pidió 36 meses de prisión preventiva para Keiko y otras once personas. Entre las pruebas presentada­s por el fiscal Pérez figuran, además de las declaracio­nes de los testigos protegidos, las de ocho aspirantes a colaborado­res eficaces que señalaron que ayudaron a lavar, a través de aportes, el presunto dinero ilícito que recibió Fuerza 2011 para la campaña electoral de ese año. Parte del dinero, según la fiscalía, sería el que entregó Odebrecht. También añadió como pruebas los correos electrónic­os y transferen­cias bancarias que realizó la empresa a la campaña de Fujimori en 2011. En esa elección, Keiko Fujimori perdió en el balotaje con Ollanta Humala, también involucrad­o en la causa Odebrecht que se lleva adelante en Perú.

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