Piden a la Corte de EE.UU. que un juicio contra YPF se dirima en Argentina
El Gobierno presentó un recurso llamado de “certiorari” ante la Corte Suprema de los Estados Unidos para que decida si un juicio millonario contra YPF es una cuestión comercial que debe litigarse en la justicia norteamericana o un caso de inmunidad soberana que deben resolver los tribunales argentinos.
La procuración general del Tesoro de la Nación hizo ese pedido para que se dirima si la polémica expropiación del 51% de las acciones de YPF-Repsol que hizo Cristina Kirchner en el 2012 puede ser considerado como un “acto comercial” del Estado Argentino que justifique la no aplicación de la regla de inmunidad soberana de los Estados. Si la Corte de EE.UU. decide que es una cuestión comercial, el fondo buitre Burford podrá seguir con un juicio en los tribunales de Nueva York en los que reclama unos 4 mil millones de dólares, informaron fuentes del gobierno.
A diferencia de la época K, la defensa de la República Argentina “es técnico jurídica, desprovista de asevera- ciones políticas que añaden poco o ningún valor en cortes extranjeras y menos en esta instancia”, explicaron las fuentes.
De aceptarse la revisión del caso, y resolverse a favor del país e YPF, la cuestión quedaría saldada en la Corte de Estados Unidos y el juicio del fondo buitre debería dirimirse en los tribunales argentinos. Una decisión adversa daría lugar al inicio del juicio en primera instancia; proceso largo que implicaría la apertura de un proceso de discovery con alcance en varias jurisdicciones.
Mientras tanto, el juez federal Ariel Lijo aceptó la semana pasada a la actual conducción de YPF y a la titular de la OA, Laura Alonso, como querellantes en la causa contra el ex ministro de Planificación Julio De Vido, su mano derecha Roberto Baratta, y los ex directivos de Repsol de España y del Grupo Eskenazi, entre otros, en una causa abierta por la diputada de Cambiemos Elisa Carrió en el 2008.
Lijo se apoyó la flamante ley de responsabilidad penal empresaria 27.401. Por lo pronto, el juez solicitó al directorio encabezado por Miguel Angel Gutiérrez que podría ayudar a la causa aportando “elementos probatorios, respecto de algunos de los cuales ostentan un grado de proximidad manifiesta, lo que resulta evidenciado a través de los numerosos requerimientos que se han realizado a la empresa a lo largo de todo el proceso”.
La diputada de Carrió, Paula Olivetto, apoyó la decisión del gobierno de reclamar la jurisdicción argentina. “Es como venimos diciendo nosotros desde del principio. La cuestión debe dirimirse en los tribunales argentinos”, dijo Olivetto a Clarín. Olivetto volvió a reclamar que el juez Lijo acelere la causa local.
Este reclamo del fondo buitre es uno de los temas que mantienen la tensión entre Carrió y sectores de Cambiembos. ■