Piden hasta 25 años de prisión para los líderes separatistas catalanes
Lo hizo la Fiscalía española, que los acusa de rebelión y otros delitos. El juicio empezará en 2019.
La fiscalía española solicitó ayer penas de hasta 25 años de prisión para los líderes independentistas catalanes, al apreciar delitos de rebelión, malversación y desobediencia en los hechos que hace un año provocaron la mayor crisis institucional de la historia reciente de España. Al mismo tiempo, la Abogacía del Estado, un órgano especial del ministerio de Justicia, reclamó penas más leves.
El ministerio público pidió 25 años de cárcel para el ex vicepresidente del gobierno de Cataluña, Oriol Junqueras, a quien achaca un delito de rebelión, como a otros cinco ex miembros de su gabinete, para quienes solicitó entre 16 y 17 años de prisión.
También son acusados de rebelión -uno de los delitos más graves del código penal español- los líderes independentistas civiles Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, así como la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell. Se piden 17 años de cárcel para cada uno.
La Fiscalía remitió sus conclusiones provisionales ante el Tribunal Supremo, que instruyó la causa por el “procés” y que hace unos días abrió juicio oral a 18 encausados, cuando se cumple un año del envío a prisión de Junqueras y otros políticos independentistas.
El juicio debe empezar a principios de 2019, más de un año después de que los líderes catalanes intentaran separarse de España, en octubre de 2017, organizando un referéndum ilegal de autodeterminación y proclamando infructuosamente una república independiente. En el proceso no estará Carles Puigdemont, entonces presidente del gobierno regional, que se encuentra exiliado en Bélgica y quedó fuera de la causa porque la justicia española no juzga en ausencia.
No sólo la fiscalía presentó ayer su escrito de acusación. También lo hizo la Abogacía del Estado, un órgano integrado en el Ministerio de Justicia que puede presentarse como parte en una causa cuando lo considera pertinente.
La Abogacía se desmarcó de la línea de la Fiscalía y descartó un posible delito de rebelión (que implica violencia) en los hechos de 2017 en Cataluña, por lo que las penas solicitadas son considerablemente menores. Para Junqueras, a quien acusa de sedición y malversación, reclamó 12 años de prisión, mientras que para los cinco ex miembros del “Govern” acusados de rebelión por el ministerio público (Joaquim Forn, Raul Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa) solicitó 11 años y medio.
La posición de la Abogacía del Estado fue interpretada por sectores conservadores como un guiño del gobierno de Pedro Sánchez a los partidos independentistas catalanes, cuyo apoyo necesita el socialista en el Parlamento español para aprobar los presupuestos del próximo año y otras leyes, ya que gobierna en minoría.
Desde el Ejecutivo descartaron cualquier tipo de presión. “No ha habido imposición de criterio. La abogada del Estado ha estudiado el tema, ha analizado los hechos y las pruebas practicadas durante la instrucción y ha elaborado el escrito de conclusiones que ha firmado”, dijo la ministra española de Justicia, Dolores Delgado. La vicepresidenta Carmen Calvo se manifestó en la misma línea.
El presidente del gobierno catalán, el separatista Quim Torra, descartó también que el escrito de acusación de la Abogacía del Estado constituya un “gesto” hacia el independentismo y aseguró que las penas solicitadas en ambos casos son “inaceptables”.
En total, 18 acusados irán previsiblemente a juicio por el proceso independentista catalán, que tuvo su momento álgido el 27 de octubre de 2017 con la aprobación de una declaración para crear una república catalana, lo que llevó a Madrid a destituir al entonces “Govern” e intervenir la región.
La Fiscalía considera que el plan secesionista del gobierno catalán contemplaba “la utilización de todos los medios que fueran precisos para alcanzar su objetivo”, incluida, ante la certeza de que el Estado español no iba a aceptar esta situación, “la violencia necesaria para asegurar el resultado criminal pretendido, valiéndose para ello de la fuerza intimidatoria que representaban”. ■
Entre los acusados está el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras. Hay 18 imputados.