El 60% del ajuste fiscal es aumento de la presión impositiva

Muy simplificada, la conclusión de un trabajo que elabora el Iaraf, un instituto dedicado a analizar las cuentas públicas, dice que el 60% del ajuste fiscal proyectado para el año próximo será en realidad aumento de la presión impositiva. Ya considerable por cierto, la carga tributaria marcará así un nuevo récord histórico.

Según el informe, que abarca tanto a la Nación como a las provincias, el recorte de los gastos se reduciría a un 30% del paquete total y el 10% restante serían ingresos provenientes de la venta de activos del FGS, el fondo que garatiza la sustentabilidad de las jubilaciones.

Reimplantadas, aumentadas y generalizadas a comienzos de septiembre, las llamadas retenciones o, con mayor propiedad, los derechos de exportación son de lejos la gran fuente de recursos impositivos “nuevos”. Y su peso salta a la vista en varias dimensiones simultáneas.

Potenciado por la devaluación que acompañó y explica parte de la movida, el incremento de los fondos aportados por el impuesto alcanzó al 265,5%, entre octubre del año pasado y octubre de 2018. Para que se entienda mejor: esto significa 72% más en dólares o 6 veces y pico la inflación anual.

Esa es una de las dimensiones. Otra revela que desde septiembre la recaudación crece a razón de unos $ 8.000 millones mensuales, un plus que por si mismo equivale a un presupuesto entero de la Cancillería y a dos del Ministerio de Cultura. Se trata de una transferencia de ingresos de la actividad privada al Estado, pero también de una medida de los recursos que la devaluación puso en juego.

Plata nuevamente, como en agosto un de- creto del Gobierno eliminó la tajada que les tocaba a las provincias por las exportaciones de soja, ahora todo queda en la caja de la Nación, limpio de polvo y paja.

Vale aclarar que, aun cuando el peso sea mucho menor al de las retenciones, el paquete tributario pone la marcha atrás con varias rebajas anunciadas. Entre ellas: los balances empresarios seguirán sin ajustarse por la inflación; se posterga la suba del porcentaje del impuesto al cheque que podría pagarse a cuenta de Ganancias y se mantiene la actual alícuota del gravamen provincial a los sellos.

La serie confirma, al fin, un punto del primer acuerdo con el Fondo Monetario que los funcionarios solían minimizar o plantear como una alternativa lejana. Concretamente, la posibilidad de que aquellas y otras promesas de aflojar el torniquete pudiesen quedar en el camino ante eventuales urgencias fiscales.

Pero con el aumento de las retenciones lanzado, no hace falta esperar a 2019. Ya en este año que corre la presión impositiva de la Nación será récord: 26,2% del PBI contra el 25,8% del 2015 de Cristina Kirchner.

Está por verse si la película de los derechos de exportación sigue y termina como dice el Presupuesto Nacional votado en Diputados. Esto es, si en lugar de las actuales alícuotas el Gobierno avanza hacia tasas del 12 y hasta del 30% que según los casos autoriza el proyecto. Y si en algún momento una nueva ley no estira el vencimiento del 31 de diciembre de 2020 que se ha establecido ahora.

Vista la enorme masa de recursos que re- portan las retenciones, nada puede ser descartado definitivamente. Sobre todo cuando los recursos escasean.

Lo cierto es que la realidad prueba todo el tiempo y hace tiempo que nunca faltará un aumento impositivo, aunque no figure en el informe del Iaraf.

Hoy, por de pronto, las provincias deben hacerse cargo de dos piezas centrales del ajuste sobre el gasto nacional: los subsidios al transporte y las decisiones sobre las tarifas de la electricidad. El mix de la gobernadora Maria Eugenia Vidal ha sido subir el inmobiliario y bajar Ingresos Brutos para algunas actividades; se supone que con un saldo positivo medido en pesos.

La cuestión es que aún así no se llega al recorte del gasto del 30% planteado por el informe. Lo que sigue y en realidad avanza a todo vapor es la guadaña que va sobre las obras públicas financiadas por el gobierno central.

Las cifras de los primeros nueve meses cantan una caída global y nominal del 18% - 38% para las provincias-, lo cual computando una inflación anual del 40% significa una baja nada menos que de 60 puntos porcentuales contra 2017.

Lejos de aflojar, este cuadro de presión impositiva récord más achique de la obra pública va a acentuarse durante 2019. Por la muy sencilla razón de que ahí, en el año que viene, está puesto el grueso del ajuste fiscal comprometido con el FMI.

Los números del Iaraf dicen 3,4% del PBI total, entre Nación y provincias, para llegar a un déficit consolidado del 0%. “Representa un costo altísimo en cualquier comparación, y dudo que haya sido la única salida posible”, afirma un economista cercano a Cambiemos.

Ha dicho Mauricio Macri, hace bien poco: “Hay mucha gente que trabaja en negro, fuera del sistema, porque si paga los impuestos no le dan las cuentas. Eso demuestra que algo está mal”. Parece una radiografía acertada de la realidad, solo que le falta un dato bastante obvio: el Presidente puede sentir como contribuyente, pero el punto es que eso que tan bien relata es un problema de su Gobierno. ■

Los ingresos por las retenciones son por lejos el recurso que más crece. Desde que el Gobierno las subió y amplió, un 265% o el 72% en dólares.