Avanza el proyecto sobre aportes a las campañas
El oficialismo y el PJ avanzaron en el consenso de una nueva ley de financiamiento político que habilita a las empresas a hacer aportes en campañas electorales y fija sanciones en caso que se detecten contribuciones ilegales. Tras el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto del Senado, el texto quedó ayer a un paso del dictamen, pero hay dudas sobre si llegará a tratarse en el recinto antes de fin de año.
El texto definitivo, que ya circula por los despachos de los legisladores para su firma, surgió de la mezcla del proyecto base del Gobierno -ideado por el secretario de Asuntos Políticos e Institucional del gobierno, Adrián Pérez y retocado por senadores de Cambiemos- con el que presentó el jefe de la bancada del peronismo en la Cámara alta, Miguel Ángel Pichetto.
La principal novedad es que levanta la prohibición a las personas jurídicas, es decir empresas, para aportar a los partidos políticos y campañas electorales. Si bien había acuerdo sobre ese punto, la discusión giró en torno a los límites. Finalmente se estipuló que las agrupaciones políticas no podrán recibir de una misma per- sona, humana o jurídica, un monto superior 5 % del tope de gastos privados permitidos para esa campaña. En un principio, el oficialismo planteaba un 2% y el peronismo un 10 %.
Además, la iniciativa obliga a bancarizar cualquier tipo de aporte: quedan prohibidas las contribuciones en efectivo y sólo pueden realizarse mediante transferencia, cheque, tarjeta de crédito o débito, o “plataformas y aplicativos digitales siempre que éstos permitan la identificación fehaciente del donante y la trazabilidad del aporte”.
Por otra parte, se mantuvo la prohibición de realizar aportes para los sindicatos y empresas vinculadas a juegos de azar, un punto que el peronismo pedía habilitar. “En el caso de los sindicatos se mantuvo el criterio de que nadie puede donar dinero que no es suyo, porque los gremios manejan plata de afiliados”, explicó un senador que integró el debate. Tampoco pueden contribuir firmas concesionarias del Estado ni prestadoras de servicios públicos.
La iniciativa prevé también la extensión del plazo de campaña. En el caso de las PASO, pasará de 30 a 50 días. En contraparte, reduce de 10% al5 % el tiempo total de programación que los medios están obligados a ceder para la publicidad de los espacios políticos. "Evita la saturación que sufre la gente en los últimos días", analizan.
"Está el consenso básico y la volun- tad política para avanzar. Es muy importante que se blanquee el dinero de la política. Saber quién financia a los partidos y a qué se destinan esos fondos. Estamos dando un paso importante", aseguró a Clarín la senadora Inés Brizuela y Doria, que presentó uno de los proyectos de Cambiemos sobre el tema.
En junio pasado, la Casa Rosada presentó en el Congreso su propuesta para regular la forma en que se costean las campañas. Sin embargo, las críticas de la oposición y las diferencias dentro de Cambiemos -la Coalición Cívica puso reparos- congelaron su avance.
Resignado, el Gobierno -a través de la legisladora Silvia Lospenatto- presentó otro proyecto más simple, que sólo pretendía fijar la obligatoriedad de bancarizar los aportes, un punto que en el Gobierno consideran central y sobre el que hay amplio consenso.
Pero a raíz del proyecto de Pichetto, en el oficialismo la posibilidad de ir por un plan más ambicioso con ayuda del PJ se volvió a instalar. Antes de presentar el texto, el jefe de la bancada peronista, le adelantó al ministro de Interior, Rogelio Frigerio, cuál era su idea en una charla informal y los legisladores comenzaron a consensuar el texto.
Los escándalos por los cuadernos de las coimas K y los aportantes truchos en Cambiemos, anticipaban una campaña magra en el nivel de recaudación y tanto el oficialismo como este sector de la oposición coincidieron en la necesidad de blanquear y sincerar el financiamiento empresario. ■
En junio, la Casa Rosada presentó su propuesta para regular la forma de costear las campañas.