Abren un juicio por secuestro contra Correa en Ecuador
La Justicia ecuatoriana abrió anoche un juicio penal contra el ex presidente Rafael Correa y otras tres personas en Quito por su presunta implicación en el secuestro en 2012 del ex asambleísta ecuatoriano Fernando Balda en Colombia. Sin embargo, al mismo tiempo, la jueza Daniella Camacho suspendió el juicio contra el ex presidente hasta que se entregue o sea aprehendido, ya que no puede ser juzgado en ausencia debido a que no reside en Ecuador sino en Bélgica desde 2017.
La respuesta de la jueza responde el pedido de la Fiscalía formulado a fines de septiembre en que pidió, tras haber encontrado elementos de convicción, que Correa y otros tres vinculados -Pablo Romero, ex jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain) y los agentes de la Policía Raúl Chicaiza y Diana Falcón- sean llamados a juicio penal. Los agentes agentes ingresaron al programa de protección de testigos ya que declararon que el ex mandatario Correa ordenó el secuestro.
El abogado defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, señaló que hay “desfases gruesos y evidentes” en la argumentación de la Corte que sólo obedecen a presiones políticas. El propio Correa dijo a la cadena venezolana Telesur momentos antes de la decisión judicial que el caso Balda debe ser entendido como “una persecución judicial”. El ex presidente aseguró que, si se encontrara en Ecuador, ya estaría preso.
Balda, que había sido miembro de la Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva Constitución por parte de la agrupación de Correa, fue secuestrado durante unas horas en agosto de 2012 en Bogotá por cinco agentes colombianos que fueron inmediatamente detenidos. Éstos confesaron que debían entregar al plagiado a agentes ecuatorianos de la Senain, un organismo adscrito a la Presidencia.
El ex asambleísta había sido un seguidor de Correa, pero se volvió en su contra durante el proceso constituyente. Luego, Balda huyó a Colombia después de ser condenado a dos años de cárcel tras haber sido demandado por el presidente por injurias y por atentar contra la seguridad del Estado. ■