La Iglesia ya no recibirá más plata del Estado para sueldos de los obispos
La Confederación Episcopal conformó una comisión que trabajará en la creación de un fondo solidario.
FUE ANTICIPO DE CLARÍN La Conferencia Episcopal lo confirmó tras 5 días de deliberaciones en Pilar. Reemplazará los $ 130 millones de aportes anuales, por “alternativas basadas en la solidaridad”. El papa Francisco dijo que a la Iglesa “la mantienen los fieles”.
En un hecho histórico que implica la renuncia al sostenimiento del culto católico establecido en la Constitución nacional, la Conferencia Episcopal confirmó ayer que acepta el “reemplazo gradual” de los aportes económicos del Estado a la Iglesia, que se aplica a una asignación mensual a obispos, parroquias de fronteras y becas a seminaristas.
Si bien el monto transferido este año constituye apenas el 7 % del presupuesto de la Iglesia –ronda los 130 millones-, la decisión conlleva un gran significado político, ya que consolida la “separación” entre la Iglesia y el Estado, por la que se alzaron voces demandándola durante el debate de los últimos meses por la legalización del aborto.
El anuncio – que Clarín anticipó el domingo- fue hecho durante la asamblea de obispos de todo el país que sesionó esta semana en Pilar a través de un comunicado en el que se afirma que los fondos estatales serán sustituidos por el aporte de los fieles y que con vistas a ello la Iglesia creará una comisión para su sostenimiento.
Mediante una ley de la última dictadura se había establecido que el aporte consistiría en una asignación mensual a los obispos (hoy suman poco más de un centenar) equivalente al 80 % del sueldo de los jueces de primera instancia, aunque la suma este año fue de unos 40 mil pesos, más una pequeña ayuda a parroquias de frontera y a seminaristas. El comunicado dice textualmente: “Los Obispos reunidos en la 116° Asamblea Plenaria han confirmado aceptar el reemplazo gradual de los aportes del Estado (asignaciones a los Obispados, becas para los seminaristas y parroquias de frontera), por alternativas basadas en la solidaridad de las comunidades y de los fieles, asumiendo el espíritu de las primeras comunidades cristianas, que ponían lo suyo en común. (Hechos de los Apóstoles 2,44)
“Además se ha creado una Comisión Episcopal para el sostenimiento de la misión evangelizadora de la Iglesia. Trabajará en la creación de un fondo solidario y la continuidad del diálogo con el Gobierno Nacional, consensuando diversas alternativas que facilitarán este reemplazo”.
El comunicado no establece plazos hasta llegar a la prescindencia total de los fondos del Estado, pero desde agosto ya vienen reuniéndose representantes de la Conferencia Episcopal con la secretaría de Culto y la jefatura de Gabinete para analizar el desacople y mecanismos de financiación alternativos.
Si bien estas conversaciones se desarrollan con gran reserva, esos mecanismos podrían pasar por desgravaciones impositivas específicas para quienes realicen donaciones a los diferentes cultos que se sumarían a las exenciones vigentes. Las últimas diócesis en dejar de recibir el aporte serían las de menores recursos.
La Constitución nacional en su artículo dos establece que “el gobierno federal sostiene al culto católico”. El origen de esa disposición divide a los estudiosos ya que mientras unos dicen que es un resarcimiento por las expropiaciones a los bienes eclesiásticos durante la presidencia de Bernardino Rivadavia, otros afirman que no fueron tales, al menos en su dimensión.
La reforma constitucional de 1994 suprimió la exigencia de que el presidente de la nación sea católico, pero mantuvo el sostenimiento de la Iglesia católica. El mantenimiento de esta prerrogativa provocó malestar en otros cultos, especialmente los evangélicos que demandaban “igualdad” en el trato.
A principios de los ’90 la Conferencia Episcopal decidió avanzar en su completo autosostenimiento y puso en marcha un llamado Plan Compartir para dotar de transparencia a sus finanzas y aumentar la conciencia entre los fieles de solventarla, pero no se lograron los resultados que se esperaban.
La decisión de los obispos pareció en perfecta línea con la posición del Papa, yaa que horas antes Francisco dijo en la homilía de la misa en Santa Marta que “a la Iglesia la mantienen los fieles”, pero que ello no implicaba “tarifar” la impartición de los sacramentos. Así las cosas, la decisión llega durante la singular circunstancia en que ocupa la silla de Pedro un pontífice argentino. ■
La decisión conlleva un gran significado político, ya que consolida la separación del Estado.