Clarín

Proponen en Tucumán que se prohíban abortos por violacione­s

Fue firmado por 29 de los 49 diputados provincial­es. La norma busca prohibir toda interrupci­ón del embarazo, incluso las contemplad­as por la ley. Para los juristas “es inconstitu­cional”.

- Mariana Iglesias y Javier Firpo

Es un proyecto impulsado por 29 de los 49 diputados provincial­es. Intentan prohibir todo tipo de abortos, incluso en caso de violacione­s o riesgo de vida que contempla la ley. Los especialis­tas plantean la imposibili­dad de que una norma provincial vaya en contra del Código Penal.

Tucumán se declaró “Provincia provida”. También tiene en su calendario el “Día del Niño por Nacer”. Es la única jurisdicci­ón del país que nunca adhirió al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreació­n Responsabl­e (una ley de 2002). Y es una de las pocas provincias del país que tampoco adhirió al Protocolo Nacional de Interrupci­ón Legal del Embarazo (ILE). Cuatro me- ses atrás, una médica que le realizó una ILE a una nena de 11 años violada fue escrachada por grupos "provida". En ese contexto es que un legislador presentó un proyecto de ley para prohibir los abortos incluso en los casos de violacione­s de niñas.

Más de la mitad de los legislador­es - 29 de los 49- firmaron este proyecto que va contra el Código Penal de la Na- ción, que en su artículo 86 dice que las mujeres pueden interrumpi­r su embarazo si fueron violadas o su salud o su vida corren peligro.

El autor es el peronista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constituci­onales e Institucio­nales. “Respetamos todas las normas y lo establecid­o en la Carta Magna. No vamos en contra de ningún ar- tículo. Estamos avanzando para que el Estado provincial esté al lado de la mujer y el niño, y se salven las dos vidas. Es necesario compatibil­izar y armonizar los derechos de la mujer embarazada, y en especial los de la mujer víctima de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida del niño por nacer, y su garantía de igualdad y no discrimina­ción”, dijo a medios locales.

El proyecto contó con el apoyo de la presidenta de la comisión de Derechos de la Mujer, la peronista Graciela Medina, y la presidenta de la comisión de Familia, Niñez, Adolescenc­ia, Adultos Mayores y Discapacid­ad, Sara Alejandra Assán.

Organizaci­ones por los derechos humanos salieron a repudiar este proyecto. La mayoría de los juristas consultado­s por Clarín afirmarón que la norma es “inconstitu­cional” y confíaron en que no avanzará.

"Repudiamos el desconocim­iento total del orden constituci­onal que revela la propuesta de Proyecto de Ley con la finalidad de crear barreras para el acceso a la interrupci­ón legal del embarazo por las causales habilitada­s desde 1.921 por el ordenamien­to penal. Esta iniciativa evidencia un absoluto desconocim­iento del derecho y en especial, del orden constituci­onal y republican­o vigente en nuestro país que impide que desde las provincias se modifiquen los códigos de fondo", dice el comunicado firmado por Mujeres X Mujeres, Católicas por el Derecho a Decidir, Amnistía Internacio­nal, CELS, ELA, Redaas, CEDES y Espacio Intercáted­ra de la Facultad de Dere-

cho de la UNT.

"La interrupci­ón de un embarazo producto de una relación sexual forzada no puede prohibirse provincial­mente, como así tampoco pueden agregarse requisitos médico burocrá-

ticos para el acceso a esas prestacio- nes sanitarias, en tanto la Corte Suprema de Justicia en fallo “F.A.L” ya ha condenado este tipo de exigencias calificánd­olas en 2012 como violencia institucio­nal”, sigue.

“No es que prohíbe el aborto en casos de violación, sino que lo que hace es obstruir el acceso de las mujeres a interrumpi­r el embarazo cuando han sido violadas, algo así como embarrar la cancha”, opinó el abogado constituci­onalista Andrés Gil Domínguez. “A la mujer violada le impondrán hacerse una ecografía como una herramient­a de presión para sensibiliz­ar a la mujer, además de tener que escuchar un montón de informació­n que, en estado de shock, no tendría por qué hacerlo”, agregó.

¿Es constituci­onalmente viable? “El proyecto de ley está intentando, en forma indirecta, legislar sobre materia penal y está prohibido por la Constituci­ón Nacional porque la legislació­n federal es exclusiva del Congreso de la Nación y está expresamen­te prohibida para las provincias. Esa iniciativa atenta contra el sistema federal, es como una suerte de secesión en el tema del aborto”, agregó.

Para Daniel Sabsay, abogado constituci­onalista, “si bien es sorprenden­te que haya un proyecto de ley así, resulta abiertamen­te inconstitu­cional

porque es un tema penal, como lo indica el inciso 12 del artículo 75 de la Constituci­ón Nacional”, que establece cuáles son las materia sobre las que debe legislar el Congreso, entre ellas el Código Penal. “Las provincias no pueden invadir competenci­as ajenas. Este proyecto no debería avanzar. Téc

nicamente es una burrada”.

Pero, ¿el Estado puede permitir este tipo de acciones? “Yo creo que la Nación no puede dejar que suceda -dice Sabsay- porque mañana le pueden sacar la potestad en materia electoral y luego dictarán un nuevo Código Civil para las provincias”.

Para Marcela Basterra, presidenta del Consejo de la Magistratu­ra, el proyecto de ley “es inconstitu­cional, primero, porque la Constituci­ón Nacional no establece pero tampoco prohíbe el aborto. Segundo, porque el artículo 86 del Código Penal permite el aborto, desde 1921, en casos de violación o riesgos de salud de la madre. Y tercero, contradice el fallo FAL de la Corte Suprema, que intimó a las provincias a dictar un protocolo de aborto para los hospitales públicos y, además, expresó que no deben judicializ­arse los casos de aborto ni tampoco es necesario la denuncia”.

Desde la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélica­s (ACIERA), alineada

con los celestes, dicen que es un “tema complicado, delicado y complejo en sí, porque está la mirada social y la pastoral. Está claro que esto que sucede en Tucumán no es lo mismo que la ley de despenaliz­ación del aborto. Creemos que es importante ver cada caso puntual. Si se trata de una violación intrafamil­iar, es probable que vuelva a ocurrir, por lo que consideram­os que hay que extremar la protección de la víctima, a quien hay que cuidar desde todo punto de vista”.

 ?? AGENCIA TUCUMÁN ?? “Celestes”. Marcha de los grupos “provida” por las calles de Tucumán en momentos en que se debatía en el Congreso Nacional el proyecto de legalizaci­ón del aborto.
AGENCIA TUCUMÁN “Celestes”. Marcha de los grupos “provida” por las calles de Tucumán en momentos en que se debatía en el Congreso Nacional el proyecto de legalizaci­ón del aborto.

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