Trump endurece su política migratoria y ordena restringir el derecho de asilo
Prohíbe ese beneficio a quienes ingresen en forma ilegal. Está dirigido a la caravana de centroamericanos.
El presidente Donald Trump, invocando sus extraordinarios poderes de seguridad nacional, firmó ayer una orden que impide solicitar asilo a los migrantes que ingresen ilegalmente a Estados Unidos. Es la última de una serie de polémicas iniciativas lanzadas contra la inmigración, que está orientada a frenar la enorme ca- ravana de centroamericanos que se acerca a su frontera sur, a través de territorio mexicano.
“Nuestro sistema de asilo está sobrecargado con demasiadas peticiones injustificadas de extranjeros que suponen una tremenda carga para nuestros recursos”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), justificando la medida. La orden estará vigente durante 90 días, aunque habilita su extensión.
Según la nueva normativa, Trump tiene la autoridad de restringir la inmigración ilegal “si considera que esto está en consonancia con el interés nacional”. “El reglamento de hoy aplica este importante principio a los extranjeros que violan una suspensión o restricción de este tipo en la fron- tera sur”, dijeron en un comunicado conjunto la secretaria del Departamento de Seguridad, Kirstjen Nielsen, y el fiscal general subrogante, Matthew Whitaker.
El gobierno de Trump argumenta que tiene el poder ejecutivo para frenar la inmigración esgrimiendo motivos de seguridad nacional, un poder que invocó poco después de asumir la presidencia, cuando lanzó un controvertido decreto que prohibía la entrada al país a ciudadanos de varias naciones, principalmente de mayoría musulmana.
Trump argumentó en este caso que “la continua y amenazante migración en masa de extranjeros sin base para su admisión en Estados Unidos a través de nuestra frontera sur ha pre-
cipitado una crisis que socava la integridad de nuestras fronteras”. “Queremos que la gente venga a nuestro país pero tienen que entrar en el país legalmente”, manifestó en el jardín de la Casa Blanca.
El mandatario ha dado este restrictivo paso ante las tres caravanas de migrantes centroamericanos que atraviesan México con la intención de solicitar asilo al llegar a EE.UU. De cara a las elecciones legislativas que se celebraron el martes pasado, Trump las convirtió en tema electoral para movilizar a su base, y habló de una “invasión” de migrantes.
Inclusive construyó un relato que presenta a los migrantes como una horda de criminales y hasta yihadistas que, pese a que tienen aún semanas por delante para llegar a la frontera, parece que estuvieran a las puertas de Estados Unidos intentado echarlas abajo.
Los migrantes, muchos de los cuales huyen de la violencia y la pobreza, ya han recorrido más de 1.500 km hasta Ciudad de México. A un centro deportivo que sirve de albergue han llegado unos 5.500 migrantes. Pero hay otra cifra similar en camino.
Organizaciones de defensa de los derechos civiles y de los inmigrantes consideran que el presidente, quien ha hecho de la mano dura en inmigración uno de los pilares de su acción de gobierno, está utilizando ahora las caravanas como excusa para restringir el sistema.
Trump ordenó desplegar unos 5.000 soldados en la frontera sur, con el fin de reforzar la seguridad y evitar el ingreso de ilegales. Inclusive dijo que si era necesario estaba dispuesto a enviar hasta 15.000 efectivos, una cifra considerada exorbitante por los especialistas.
Según las cifras oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, entre los años 2000 y 2016, EE.UU. concedió asilo a unas 26.600 personas al año. Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, en enero de 2017, se deniegan muchas más solicitudes que antes. Según datos oficiales, el número de inmigrantes ilegales interceptados en 2018 fue de 400.000, frente a los 1,6 millones en el año 2000.
Apenas unas horas después de que el presidente firmara la orden que restringe el derecho de asilo en la frontera con México, fue presentada la primera demanda en su contra. Provino de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones más importantes de defensa de los derechos civiles del país. Sin embargo, el gobierno confía en que esos recursos sean frenados en última instancia en la Corte Suprema, donde ahora hay mayoría de jueces conservadores gracias al ingreso de Brett Kavanaugh. ■