Macri firmó el plus para privados: será obligatorio, pero tendrá flexibilidad
Se pagará en dos cuotas. Las empresas en crisis podrán negociar más plazos y una cifra menor.
Cinco mil pesos en dos cuotas, con la posibilidad de bajar la cifra y estirar los plazos para las empresas en crisis o declinación productiva, de acuerdo con la definición incluida en el decreto que firmó Mauricio Macri y circulaba entre los ministros antes de la publicación en el Boletín Oficial. El Gobierno avanzó de ese modo en el bono para los trabajadores formales del sector privado, con el objetivo de morigerar la caída del salario real por una inflación del triple de lo previsto y que funcione como un gesto a la CGT para achicar el margen de maniobra para la convocatoria de un nuevo paro general.
El decreto entrará en vigencia de inmediato y dispone la asignación no remunerativa en dos cuotas a pagar en diciembre y febrero. Será por $5.000 -salvo para los que trabajen menos de lo establecido en el convenio que recibirán un proporcional- y podrá formar parte de la revisión acordada durante las paritarias de este año, uno de los puntos que generó discusiones con los sindicalistas y los empresarios. En los casos en los que se incorpore a los salarios pasará a te- ner carácter remunerativo. Quedaron excluidos los empleados del sector público -una parte recibirá el bono y un 10% de aumento por cuerda separada-, los trabajadores rurales y el personal de casas particulares, con regulaciones aparte.
En la reunión de Gabinete se pulieron algunos puntos y el Presidente decidió avanzar. “Las dudas que existían eran si este bono podía ser utilizado a cuenta de paritarias y que cada sector negociara de acuerdo a sus posibilidades”, contó luego Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación. Uno de los artículos habilita a los representantes de los trabajadores y los empleadores a adecuar los montos y plazos en las actividades o sectores “especialmente en crisis o declinación productiva”, lo que abrió interro- gantes acerca de la puesta en marcha del bono especialmente en las Pymes y los rubros más afectados por la caída de la actividad. “En las reuniones la CGT entendió que no todos están en la misma situación y lo más sensato en esos casos es un diálogo entre las partes”, argumentó un funcionario involucrado en las negociaciones.
El decreto incluye un capítulo referido a los despidos sin justa causa, con la obligación para los empleadores de informar al Ministerio de Producción con diez días de anticipación. La cartera conducida por Dante Sica podrá convocar a audiencias a las empresas y a los trabajadores.
“No pudimos bajar la inflación, hay una caída del salario real y tenemos que compensarlo. Es para paliar la crisis y va a ir derecho al consumo”, dijo un ministro a Clarín. Otro funcionario lo adjudicó a un “gesto” a la CGT. Los empresarios apoyaron con matices, con reclamos por la obligatoriedad aunque los pequeños y medianos consideraron positiva la flexibilidad para el pago para despegarlo del aguinaldo. En cuanto a las reacciones de los sindicalistas se registró el recorte previsible entre el aval de los referentes de la central obrera que negoció el acuerdo y las críticas del sector alineado con Hugo Moyano y referentes de la CTA, que lo cuestionaron por insuficiente. Incluso dirigentes de la CGT evaluaron en privado que resulta positivo aunque exiguo y coincidieron con el Gobierno en valorarlo como un gesto en un contexto de conflictividad social creciente.
Según los datos de la Secretaría de Trabajo, los salarios de los empleados formales aumentaron 25,4% en los últimos doce meses y hubo en ese período un 40,5% de inflación, en base a las mediciones del INDEC, lo que implica una pérdida de 15,1 puntos y un retroceso del poder de compra del 10,7%. Un trabajo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas calculó en $57.470 el bono necesario para compensar la caída del sector privado registrado. ■