La Ruta del Dinero K: el Gobierno apela la falta de mérito de Cristina
La Oficina Anticorrupción y el organismo antilavado piden a la Cámara Federal que la procese.
El jueves a primera hora se vencerá el plazo para que se presenten las apelaciones sobre la polémica decisión que tomó el juez Sebastián Casanello de dictar la falta de mérito de Cristina Kirchner en la causa cono- cida como la Ruta del Dinero K. En este expediente Lázaro Báez, ex socio comercial de los Kirchner se encuentra detenido y acusado de haber lavado 60 millones de dólares. La Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF), insistirán ante la Cámara Federal para que la senadora de Unidad Ciudadana sea procesada.
Para la UIF y la OA el planteo inicia en otra instancia de la pelea. Ambos organismos consideraron que no sólo una porción del dinero blanqueado por Báez proviene de los contratos financiados por el Estado, sino que esto permitió un crecimiento patrimonial del 1.200%, que no respondería exclusivamente a sus bienes sino que podría haber oficiado como un “prestanombre” de la familia Kirchner.
En esta línea, la OA según pudo saber Clarín, apelará al entender que "el enfoque de la acusación no es el que solicitamos. Si bien las medidas de prueba ordenadas por el juez pueden ser útiles, entendemos que hay documentos que se analizan de un modo distinto a cómo sostenemos" y que en definitiva el "enfoque debe ser el de considerar a CFK como la dueña real de la mayor parte del dinero que se desvió de la obra pública y fue exteriorizado por Báez a través de Austral, y SGI "La Rosadita", entre otras.
En esta causa cuyo principal acusado es Báez, y que ya se encuentra en instancia de juicio oral y público, la Cámara Federal porteña ya había planteado que no se podía excluir de la maniobra de lavado de activos a la ex Presidenta, por sus lazos comerciales con Báez y por el delito precedente que originó esos fondos que finalizaron en operaciones de blanqueo: la defraudación en la obra pública.
Todos los involucrados en esta investigación fueron procesados por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013, un delito agravado por la habitualidad”. El juez Sebastián Casanello, que instruyó la causa, tuvo en cuenta el “atesoramiento de fondos en Suiza” por parte de Báez, lo que complicó la situación judicial del empresario K que, hasta entonces, había sido procesado por sacar dinero y reingresarlo al país para blanquearlo.
Según la investigación por la corrupción en la obra pública, Cristina favoreció a Báez con 52 contratos viales por 46.000 millones de pesos. Fueron, según la causa, licitaciones “plagadas de irregularidades” donde confluyeron otros agravantes: la mitad de las obras no se terminaron, se les aplicó un sobreprecio del 65% y se armaron pliegos a la medida de Austral Construcciones, entre los puntos más relevantes. Después de indagar el pasado 18 de septiembre a la ex Presidenta, Casanello mantuvo el mismo criterio que había tenido en instancias anteriores, y señaló que "debe continuarse la investigación para determinar la concreta intervención que ha tenido Fernández en la conformación de la estructura cuyo grueso se ha elevado a juicio, pues la atribución de responsabilidad penal como consecuencia de un proceso respetuoso de la Constitución y las leyes se basa en la evidencia". Así, se planteó la necesidad de "colectar evidencias que permitan cristalizar un reproche que no sólo se sustente en la sospecha genérica o contextual derivada del público y reconocido vínculo de amistad que unía a Lázaro Báez y Néstor Kirchner, y de la existencia de procesos donde se ha probado la comisión conjunta de delitos. De lo contrario, la atribución de responsabilidad de Cristina Fernández estaría basada excluyentemente en un razonamiento transitivo". ■