Revelan la contratación de un centenar de abogados privados
Si bien es indudable que la capacidad profesional es difícil de medir y desde luego objetivamente incomparable, el proclamado y necesario ahorro del gasto público para acompañar el esfuerzo de los argentinos muestra excepciones difíciles de explicar.
Aunque los departamentos jurídicos de los ministerios tienen un plantel de unos 5000 profesionales, el Estado contrató a un centenar de estudios o abogados externos. Un análi- sis realizado en abril por la organización civil Bajo la lupa, que dirigen Margarita Stolbizer y Silvina Martínez, detectó 104 contratos celebrados con abogados externos a la ya sobredimensionada plantilla estatal.
El Cuerpo de Abogados del Estado se creo por ley para que asumiera el asesoramiento jurídico y la defensa ante los tribunales del Poder Ejecutivo y de todos los organismos públicos. La Dirección General está a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación -que hoy ejerce Bernardo Saravia Frías- y está integrado por los ser- vicios jurídicos permanentes (delegaciones) en cada uno de los ministerios, secretarías de Estado y demás reparticiones.
En abril de este año, la abogada Silvina Martínez pidió datos a la Procuración sobre las contrataciones externas. El organismo notificó la existencia de la resolución 106 de noviembre de 2017, según la cual todo organismo que desee tomar los servicios de un abogado privado primero debe enviar a la Procuración el expediente electrónico del caso, con un informe donde se justifique la necesi- dad de la contratación, el procedimiento empleado para seleccionar al candidato, sus antecedentes profesionales, la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa vigente -en especial la relativa a conflictos de intereses- y el proyecto de contrato a suscribirse, con expresa indicación del monto involucrado. Todo muy prolijo, pero cuando la asociación Bajo la Lupa pidió al organismo que dirige Saravia Frías todos esos documentos, la respuesta fue que no los tenía.
Stolbizer y Martínez relevaron todas las contrataciones, pero no consiguieron los datos que la normativa supuestamente exige. Por ejemplo, no lograron la información completa respecto a los montos de los contratos, el cumplimiento del objetivo por el que los abogados externos fueron convocados, ni la existencia de posibles conflictos de interés.
Un relevamiento por los organis- mos que brindaron información para el estudio -entregada por la Procuración del Tesoro- revela que el Banco Nación es el que más abogados y estudios externos tomó, con 25 contrataciones.
Entre ellas, hay varios en el exterior (Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos, China y España), pero también especialistas locales Diego Pirota y Gabriel Presa, abogados dedicados al derecho Penal Económico y Tributario. Pirota fue abogado de Amado Boudou y tenía vínculos con la ex SIDE a través del ex directivo de los espías Darío Richarte.
La AFIP contrató al prestigioso abogado de origen radical Ricardo Gil Lavedra, que lleva adelante la querella contra Cristóbal López en el caso Oil Combustibles. También a los doctores Juan José Avila y Tomás Farini Duggan, entre otros, según la información oficial. ■