Quieren eliminar el casillero del sexo en los documentos públicos de todo el país
Es la propuesta de una diputada de Río Negro. El objetivo, afirma, es respetar el “género autopercibido”.
La diputada nacional por Río Negro, Silvia Horne presentó un proyecto para eliminar la categoría “Sexo” en los DNI y en todos los documentos oficiales. De acuerdo al texto impulsado por Horne se trata de una noción “falsa” y que ya no tiene “utilidad”. “El Estado debe respetar el género autopercibido de acuerdo a cómo cada persona lo siente”, argumentó la diputada.
La iniciativa pertenece a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales (FALGTB) y es acompaña por la legisladora del Frente para la Victoria (FpV). “(El proyecto propone) eliminar la categoría de ‘sexo’ de cualquier documento público o privado; y garantizar la integridad, la autonomía y la diversidad corporal de todas las personas frente a intervenciones destinadas a modificar sus características sexuales para adecuarlas a los estándares médicos de asignación sexual o ‘normalidad’”, señala el texto.
También subraya que en la actualidad persiste una “falsa noción de se- xo (basada en) la interpretación histórica, ideológica y cultural que se hace sobre ciertas diferencias anatómicas, especialmente, sobre la genitalidad y otras comúnmente denominadas características sexuales. Estas lecturas, que históricamente se han basado en paradigmas médicos/científicos, se suelen atribuir a la biología y se han asignado con carácter binario, existiendo como únicas posibilidades el binomio varón-mujer”.
El proyecto de Horne indica que las personas podrán pedir la supresión del “Sexo” de cualquier documento una vez que la ley entre en vigencia.
Respecto de las consecuencias prácticas de la ley, como su irradiación sobre la normativa que regula la edad jubilatoria de las mujeres (60 años) y hombres (65), los dispositivos contra la violencia de género, el cupo femenino, entre otros, las gestoras del proyecto dicen que esto podría resolverse con “declaraciones juradas ad hoc”. Aunque de resultar aprobada la iniciativa afectaría, en mayor o menor medida, otras cuestiones como las licencias por maternidad, el uso de los baños públicos e incluso la designación de la ropa.
La ley prohíbe “los tratamientos y procedimientos médicos forzados, coercitivos e involuntarios, invasivos y/o irreversibles, que modifiquen las características sexuales de una persona, con fines de asignación sexual”, indica. Sin embargo, detalla que el Estado debe afrontar los costos de los tratamientos de quienes deseen cambiar su propia orientación.
"La asignación jurídica y registral de un sexo es inexacta, falsa, irrelevante jurídicamente, arbitraria, invasiva, discriminatoria, inútil y confusa. A su vez, es nociva por ser funcional a vulneraciones de derechos y de actos discriminatorios”, indicó por su lado María Rachid secretaria general de la FALGBT y titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. ■