De Vido desafió al juez a mostrar dónde están las coimas de los cuadernos

Una nueva ronda de indagatorias comenzó ayer en la causa de "los cuadernos de las coimas", donde se investiga una estructura presuntamente utilizada desde el extinto Ministerio de Planificación Federal para el cobro de sobornos durante el Gobierno kirchnerista.

En esta oportunidad, a raíz de nuevos hechos incorporados a la causa, el juez Claudio Bonadio citó nuevamente a declarar a Julio De Vido -que lo hará por videoconferencia-, Roberto Baratta, Nelson Lazarte, Hernán Gómez, José María Olazagasti, y a Hernán del Río. En la causa se investiga el pago de coimas a ex funcionarios por obras energéticas, obras viales, negociados con Venezuela y subsidios al transporte, entre otros contratos.

"¿Si ese dinero existió, donde está? ¿No se supone que fue producto de una finalidad espuria, asociada al enriquecimiento ilícito de quien lo recibiere? ¿En qué elementos se sostienen esas afirmaciones si ninguna de las personas involucradas en aquellos hechos reconoció haber entregado dicho dinero y en razón de qué o con que proveniencia?", planteó De Vido en su descargo donde pidió además, ser sobreseído.

De Vido se defendió una vez más y dijo: "a esta altura del relato, debo ser muy puntual y preciso. Debo comenzar manifestando que niego total, categórica y absolutamente los hechos que, entiendo, se me estarían atribuyendo". En los cuadernos, Centeno anotó pagos por 200 millones de dólares a varios ex funcionarios K.

Mientras el juez de la causa procesó a Cristina Fernández de Kirchner por ser jefa de la asociación ilícita, responsable de comandar una estructura desde el Estado para la recaudación de fondos ilegales, los ex funcionarios de primera línea quedaron acusados algunos como miembros de esta “organización delictiva” y otros como organizadores.

Así es el caso de De Vido y Baratta: quedaron procesados en carácter de organizadores de la asociación ilícita y cohecho pasivo. En el caso del ex ministro de Planificación se le atribuyen cuatro hechos, mientras que a Baratta se lo acusa de 90. A ambos se les dictó la prisión preventiva y se les trabó un embargo de $ 4.000 millones para cada uno.

Pese a eso, los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo solicitaron que los ex funcionarios sean acusados por 205 hechos. Idéntico rol le otorgaron a Baratta. Si la Cámara acepta la apelación de los fiscales, ahora deberá responder por 205 hechos.

En este escenario fueron citados otra vez a indagatoria a raíz de nuevos hechos incorporados a la causa: diez entregas de dinero de empresarios entre los que se encuentra Marcelo Mindlin -dueño de Pampa Energía y de la ex Iecsa que perteneció a Ángelo Calcaterra, procesado en esta causa y primo de Mauricio Macri-. Pese a que negó las entregas de fondos, Bonadio decidió reindagarlos y en la imputación se contabilizaron dichas entregas.

Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales, las nuevas pruebas atribuidas a los ex funcionarios y sus colaboradores directos “obligaba a reindagar para adecuar la investigación”. ■