Por la devaluación, el Estado vuelve a subsidiar el 60% de las tarifas
En mayo había tocado un piso de 30%, pese al fuerte aumento en los servicios. En la era K había llegado al 90%.
En diciembre de 2015, cuando asumió el Gobierno, el aporte estatal a luz, gas y transporte era el 90% de la factura. A pesar de los fuertes aumentos esa participación se redujo al 30% en mayo pasado. Pero el alza del dólar disparó los costos de la energía y el Estado volvió así a solventar la mayor par- te del valor de los servicios. El compromiso de Macri al hacerse cargo del Gobierno fue reducir esa participación al mínimo posible.
Desde sus comienzos, la administración de Mauricio Macri decidió incrementar las tarifas de luz, gas y transporte como una forma de disminuir los subsidios públicos. El objetivo era que el Estado cargara con menos costos por esas prestaciones y que los usuarios (hogares, comercios) afrontaran la mayor parte del costo de esos servicios que consumían. Hasta la devaluación, la meta oficial se venía cumpliendo. Pero la depreciación del peso cambió los equilibrios. Desde mediados de año, el Estado paga más del 60% de las cuentas de luz, gas y transporte. Los usuarios pagan el 40% restante, según datos relevados por Clarín.
Tras subas del 1000% en la distribución eléctrica (luz), casi 500% en gas y más del doble en los boletos de colectivos, se había logrado que los usuarios solventaran la mayor parte de los costos en 2017. En luz, por ejemplo, llegaron a pagar un 70% del costo de generación, que es la parte más fuerte de las boletas. En gas, era algo menos (cerca del 60%). En Transporte, el ministro Guillermo Dietrich nunca fue específico, pero se estima que las personas aportaban un 30% a 35% de los costos del sistema.
Pero la devaluación borró una parte del ahorro estatal logrado con los aumentos. Aunque los servicios cobraron mayor peso en el gasto de los consumidores, los costos se dispararon porque la energía tiene sus precios dolarizados. En octubre, el Estado volvió a ser el principal aportante en los servicios públicos: afronta el 60% de los costos en la luz, por ejemplo y un porcentaje similar en gas.
“A fines de 2015, la relación era 90% lo pagaba el Estado y 10%, los privados. En mayo, se había logrado que la ecuación fuera 70% privados y 30% el Estado. En octubre, volvimos a que el Estado se haga cargo del 60% de los costos y la demanda (hogarescomercios), el 40%”, describe un empresario de generación eléctrica.
El Gobierno también buscaba que los hogares tomaran dimensión del costo real de los servicios públicos. Se suponía que el impacto en el bolsillo haría mella en el comportamiento de los consumidores.
Los subsidios para servicios de carácter económico -como los de energía y transporte- se están duplicando este año en relación a 2017, según datos de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP). En luz, la estatal Cammesa requirió $ 75.319 millones del Estado nacional durante el año pasado. En este ejercicio, gracias a una reciente ampliación presupuestaria, el Tesoro le girará más de $ 110.000 millones a la “formulación y ejecución de política energía eléctrica”. Esto es porque los incrementos de tarifas interanuales (casi el 100%) no llegan a cubrir subas del 127% en los costos por la devaluación.
El sector eléctrico se mueve en base al “costo monómico de generación”, que es lo que sale generar electricidad. En octubre de 2017, ese valor era de $ 1.172 por MWh (la unidad de medida). Este octubre, fue de $ 2.669. Eso representa un incremento del 127%. En octubre de 2017, el dólar estaba a $ 17,85 para la venta, según la cotización del Banco Nación. Un año después, se conseguía a $ 37,80. La depreciación es del 111%.
En gas, el Gobierno propuso una recomposición tarifaria en abril de 2016, pero fue rechazada por la Corte. Recién desde octubre pudo aprobar un esquema con incrementos.
El ex ministro de Energía, Juan José Aranguren, se encontró con que el Estado subsidiaba un 81% del costo del sistema de gas hasta septiembre de 2016, cuando pudo avanzar en los primeros aumentos de tarifas. Para 2017, el ex funcionario estimaba que el Estado subvencionaba entre 38% y 44% de las boletas. Recién en abril de 2018, su proyección era que el erario público sostuviera un 30% de los costos. Ahora el responsable de los subsidios es su sucesor, el secretario de Energía, Javiera Iguacel.
La devaluación, más el alza del precio del gas importado (por la suba del petróleo), provocaron que la factura estatal por gas se quintuplicara: de $ 12.000 millones a $ 60.000 millones, solo para Enarsa. En la nueva Secretaría de Energía todavía no está especificado el peso de ese dinero sobre el costo estatal del sistema.
Hay otra partida -llamada “Formulación y Ejecución de Política de Hidrocarburos”-, que está focalizada en recursos para las petroleras. Este año supera los $ 28.000 millones. Se estima que el grueso de ese dinero también está destinado a compensaciones para el gas. ■