El mayor capital de una nación, la salud de su pueblo
El paso del ministerio nacional de Salud a secretaría de Estado nos obliga a plantear una vez más, y cada vez con mayor necesidad, el rol rector ineludible del Estado nacional en construir y sostener un Sistema Federal Integrado de Salud que lo exceda en su funcionamiento pero no así en su gobernanza. Reflexionemos: ¿Quién nos cuida? ¿Quién orienta? ¿Quién supervisa? ¿Quién acredita/habilita/categoriza/capacita? ¿Quién evalúa? ¿Quién planifica?
Son funciones indelegables del Estado la justicia, la seguridad, la educación y la salud. Hoy tenemos un Estado mutilado en sus roles de regulador y contralor del área de la salud. El Estado tampoco puede reducirse a una función de mediación. Las políticas sanitarias efectivas son aquellas en las que el Estado se involucra en su definición y en su diseño y aplicación. De ahí que deba reconocerse la salud de la población como conjunción de soberanía y dignidad.
Hablar de salud en la Argentina significó siempre hablar de “pobreza”. No obstante, la viabilidad financiera de un sistema de salud no depende sólo de la evolución de las variables macroeconómicas ni de la fluctuación en las necesidades y las demandas, sino de la planificación estratégica y de una política de gestión basada en una estructura de costos, que son los elementos centrales del diseño de acción. Una red prestacional única de atención médica debe combinarse con una logística productiva, de manera que pueda lograrse una readecuación eficiente de los recursos que aún nos restan.
Es decir, necesitamos un Ministerio al servicio de un SFIS que posibilite superar la anomia (llamada vulgarmente “fragmentación”) mediante un acuerdo sanitario público. Para ello, deben reformularse estrategias, asignar correctamente los recursos, contener los costos y preservar el capital humano con la homogenización prestacional mediante empresas públicas de servicio.
Habitualmente, las instituciones nacionales, provinciales y municipales delinean fronteras en referencia a limitantes geográficos, con aduanas políticas que respondan a gobernanzas administrativas que no reconozcan a las necesarias gobernanzas sanitarias.
Estas deberían estar marcadas por el Observatorio Nacional de Salud en referencia al Ordenamiento Territorial, según una Red operativa ajustada a los recursos profesionales, el parque tecnológico operativo y a una economía de escala, de manera tal que se cumpla con la finalidad de producir salud y consumir asistencia médica adecuada, opor- tuna y eficiente.
Para ello necesitamos contar con un Ministerio nacional fuerte, que fije el rumbo y brinde las herramientas institucionales necesarias, el asesoramiento y el control general hacia los ámbitos provinciales y municipales. Que elabore programas específicos con un criterio de planificación racional, con discernimientos regionalizados que superen las rigidices de las jurisdicciones gubernamentales y respondan a las características poblacionales.
No se puede lograr una reforma de la cuestión sanitaria con voluntarismo ni con respuestas espontáneas. Es hora de que el pensamiento lógico se imponga sobre la mezquindad de los intereses y se proteja el derecho a la equidad y la dignidad de la condición humana. Para revertir esta situación, todos los componentes deben participar de un Acuerdo Sanitario, que desemboque en la construcción de un Sistema Integrado de Salud. Para ello, deben reformularse estrategias, asignar correctamente los recursos, contener los costos y preservar el capital humano.
No se trata de machacar con caducas fórmulas de mercado sino de diseñar y de poner en práctica políticas que privilegien el mayor capital de la Nación: la salud de su pueblo. Hoy, como ayer, la realidad nos exige pasión y lucidez, ética y compromiso. ■