Revés para Trump: un juez le bloquea un decreto que limita el asilo a inmigrantes
Una Corte de San Francisco rechaza las nuevas regulaciones de la Casa Blanca. El presidente busca impedir el ingreso de miles de “sin papeles” que se agolpan en la frontera con México. Son “una amenaza a la seguridad nacional”, justificó Trump.
La política antiinmigración del gobierno de Donald Trump sigue tropezando con la Justicia estadounidense. En un nuevo desafío al mandatario, una Corte de San Francisco bloqueó ayer parcialmente las nuevas regulaciones de asilo aprobadas por decreto presidencial, cuyo objetivo era frenar la caravana de centroamericanos instalada en la frontera con México.
El pasado 9 de noviembre Trump emitió un decreto donde se estipulaba que cualquier persona que haya cruzado la frontera sur en forma ile- gal no sería candidata para recibir asilo. Coincidiendo con la llegada de la primera de varias caravanas de migrantes centroamericanos a la frontera entre México y Estados Unidos, el mandatario alegó que el veto era necesario para frenar lo que calificó de “amenaza a la seguridad nacional”.
Pero en su fallo, el juez federal de distrito John Tigar aceptó la demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus iniciales en inglés) y por el Centro por los Derechos Constitucionales, quienes sostienen que el decreto de Trump no se adecua a la legislación estadounidense.
Tigar indicó que la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de 1965 establece que cualquier extranjero que llegue a Estados Unidos, “sea o no a través de un puerto de ingreso” puede reclamar asilo. El decreto “que prohíbe dar asilo a los inmigrantes que ingresen al país eludiendo un puerto de ingreso está en irreconciliable conflicto con la INA y la expresa intención del Congreso”, afirma el fallo.
“Cualquiera sea la amplitud de la autoridad presidencial no puede reescribir las leyes de inmigración para imponer una condición que el Congreso prohibió en forma expresa”, agregó el magistrado. El bloqueo im- puesto por el juez Tigar permanecerá vigente hasta al menos el próximo 19 de diciembre, fecha en la que reunirá a las partes para decidir si extiende o no la suspensión y si las partes aportan más argumentos.
El gobierno de Trump ha argumentado que tiene el poder exclusivo de frenar la inmigración en aras de la se- guridad nacional, un poder que invocó justo después de ser investido en 2017 con una polémica prohibición de ingresar a Estados unidos a ciudadanos de varios países.
Ante el revés judicial, el gobierno de Trump defendió las restricciones al asilo. “Es apropiado y legal que esta ayuda discrecional (el asilo) no sea dada a aquellos que violan una proclamación presidencial, legal y medida, que busca controlar la inmigración con base en el interés nacional”, sostuvo en un comunicado la vocera del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés), Katie Waldman.
La decisión del juez, en cambio, fue aplaudida rápidamente por organizaciones defensoras de derechos humanos. “El veto de Trump es ilegal, pondrá la vida de la gente en peligro y enciende la alarma sobre el desprecio del presidente por la separación de poderes”, remarcó Lee Gelernt, abogado de la ACLU.
“No hay razón justificable para rechazar categóricamente el derecho de las personas a solicitar asilo y no podemos enviarles de vuelta al peligro en base a la forma en la que entran al país. El Congreso ha sido claro en este punto durante décadas”, enfatizó Gelernt.
La nueva disputa entre Trump y la Justicia estadounidense está enmarcada en la crisis que generó la llegada de varias caravanas de inmigrantes centroamericanos a la frontera sur. La principal salió de Honduras el pasado 13 de octubre, y después de un trayecto de penurias alrededor de 3.000 llegaron a la localidad mexicana
“Cualquiera sea la amplitud de la autoridad presidencial, no puede reescribir las leyes”.
de Tijuana, al otro lado de la línea divisoria con EE.UU. Se espera que en estos días lleguen otros 3.000 al lugar. El Pentágono reforzó las defensas en la zona, inclusive con vallas y alambres de púa. Más de 5.900 militares fueron desplegados para colaborar con las autoridades migratorias.
El Departamento de Seguridad Nacional insiste en que los solicitantes de asilo en la frontera sur se presenten en un cruce fronterizo oficial. Pero muchos de ellos, como el de San Ysidro, ya tienen un largo tiempo de espera. Por lo regular, las personas se ven obligadas a aguardar varias semanas en campamentos al aire libre en el lado mexicano. Y lo hacen sin recibir ningún tipo de asistencia, lo que agudiza su ya grave situación social.
El argumento del gobierno de Trump para insistir con el bloqueo de los pedidos de asilo es que suele haber “un abuso histórico inigualable de nuestro sistema de inmigración” en la frontera con México. Después de pedir asilo, y mientras se tramita el tema a nivel judicial, esas personas desaparecen en territorio estadounidense, afirman. Por eso, menos de 10% de los casos resultan en un otorgamiento del asilo.
Sólo en 2018 las patrullas fronterizas registraron más de 400.000 migrantes ilegales. Y en los últimos cinco años, el número de pedidos de asilo aumento 2.000%. Para los organismos de derechos humanos, “el gobierno no puede abdicar de su responsabilidad hacia los migrantes” que huyen de la pobreza y la violencia en sus países.